Ana Cacho somete demanda por el uso de sus hijas como "instrumento de investigación criminal"
La exigencia se da tras expresiones de Irizarry de que la querella es académica.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 15 años.
PUBLICIDAD
El equipo legal de Ana Cacho radicó una demanda hoy en el Tribunal de Primera Instancia en contra del Programa Biosicosocial adscrito al recinto de Ciencias Médicas por impericia profesional.
En su demanda, el equipo legal de Cacho sostiene que el programa ha permitido que las menores sean utilizadas como "instrumento de investigación criminal" por el Departamento de la Familia.
La determinación judicial se da tras la semana pasada dicho programa determinar que Cacho, así como los demás miembros de la familia materna, no le envíen regalos a las niñas durante esta época, como lo han hecho desde que estas fueron removidas por el Departamento de la Familia hace nueve meses.
"El programa Biosicosocial sin validar ni existir evidencia de violencia intrafamiliar y/o abuso sexual ha sometido a las menores a un proceso de terapia cuyo propósito reiterado es y ha sido obtener información de las menores para esclarecer una investigación criminal utilizando sus recursos profesionales para ello", lee la demanda radicada.
La demanda incluye también a la doctora Brenda Mirabal, directora del programa y a la psicóloga Karim Torres, quien "sin evidencia científica válida ha impedido y evitado que las menores tenga relaciones filiales de carácter supervisada y de todo tipo con su madre. "Dichas violaciones a los derechos de estas partes se ha realizado anteponiendo a dichos derechos e interesas de las menores del Departamento de Justicia y su investigación criminal", se sostiene en el documento presentado hoy en conferencia por la licenciada Sharon González.
El Departamento de Justicia no está incluido en la demanda porque es parte de la estrategia legal del equipo de Cacho, reconocieron.
González también le exigió a la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, a que investigue la querella radicada por maltrato institucional contra las hermanitas de Lorenzo, asesinado el pasado 9 de marzo, mientras las niñas estuvieron ubicadas en un hogar sustituto licenciada por la agencia.
González alega que durante el tiempo que las niñas estuvieron en ese hogar no tuvieron acceso a educación y eran dejadas bajo el cuidado de menores, entre otros señalamientos.
La exigencia se da tras expresiones de Irizarry de que la querella es académica.