Debido a que el acusado compareció este viernes sin abogado, el juez administrador del Tribunal de Arecibo aplazó para el 20 de febrero de 2015 el caso contra el otrora procurador del Ciudadano, Carlos López Nieves, por supuestamente conducir ebrio.

El magistrado Nelson Canabal Pérez confirmó que había recibido y aceptado una moción de renuncia del licenciado Gabriel Rubio Castro, quien asistió a López Nieves en la vista previa, cuando se determinó causa para juicio por un delito menos grave. Específicamente, se le imputa haber arrojado .19% en la prueba de aliento para detectar alcohol, tras haber sido detenido conduciendo por la autopista PR-22 el pasado 22 de mayo. El límite legal para conducir es de 0.08%.

“El Ministerio Público estaba listo y con la prueba presente”, aclaró en entrevista con este medio la fiscal Yadira Saavedra Pérez.

Según explicó la fiscal, la fecha tan lejana responde a que los términos para juicio rápido, de 120 días, comienzan de nuevo a correr a partir de hoy y el agente que servirá de testigo tiene vacaciones fuera de Puerto Rico en enero.

Por su parte, el juez advirtió a López Nieves que para la nueva fecha su representante legal deberá estar listo para ver el caso.

Entretanto, en el Tribunal de San Juan, el exombudsman encara 26 cargos de corrupción por supuestamente facturar $7,000 a la tarjeta de crédito de la Procuraduría del Ciudadano para financiar viajes a Madrid y Las Vegas con una empleada suya, con quien además se le vinculaba sentimentalmente.

También se le señala por usar sus empleados para actividades personales, de una gallera y de la Federación de Softbol, además de ordenarles ayudar en la construcción de un monumento al padre del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

 La vista preliminar de este caso está pendiente, luego de que el equipo de defensa de López Nieves recurriera al Tribunal Supremo aduciendo que el Departamento de Justicia carecía de jurisdicción para acusar a su cliente. Esa gestión, según ha insistido el licenciado Luis O. Rodríguez Rosario, recaería sobre la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

El recurso fue rechazado en junio pasado por el Tribunal de Apelaciones.

Los fiscales Rosa Molina Pérez y Jesús Bautista Bautista, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, representan al Ministerio Público en este caso.