El juicio contra dos altos exdirectivos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por el controversial manejo de las becas presidenciales fue aplazado, nuevamente, en esta ocasión para dar espacio a los fiscales del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) a revisar documentos que serían parte de la evidencia del caso.

Durante la vista, los equipos de defensa de Urayoán Walker Ramos, expresidente de la UPR, y Carlos Severino Valdez, exrector del recinto de Río Piedras de la UPR, aseguraron que estaban listos para comenzar el juicio en su fondo.

Sin embargo, la fiscal Zulma Fuster pidió al juez Aldo González Quesada que le concediera tiempo adicional para conseguir y analizar unas piezas de evidencia que, según argumentó, había solicitado antes la defensa, y aceptado el juez, pero que apenas días atrás habían decidido renunciar a dicha prueba, aunque haciendo la salvedad de que no renunciaban al derecho de hacer alusión a dicha prueba y llamar testigos.

Fuster argumentó que consideraba “bastante irregular” que la defensa pidiera esa evidencia “con tanta vehemencia”, para luego desistir de la misma. “Nosotros queremos ver esa prueba”, insistió.

El abogado José Andrew, representante legal de Walker Ramos, replicó que tanto él como el abogado Harry Anduze, representante legal de Severino Valdez, estaban “preparados para el juicio”, y sugirió a la fiscalía que “si no está preparada, que se lo diga al tribunal”.

“Nosotros renunciamos a ese asunto porque estamos preparados. Pero siempre nos reservamos el derecho de llamar testigos si hace falta. Pero mi representado tiene derecho a un juicio rápido, principalmente en este año”, comentó Andrew.

La evidencia en controversia es información detallada del proceso para las becas presidenciales en los 11 recintos de la UPR y sus unidades.

El juez acogió el pedido de fiscalía y concedió 30 días para que pudieran analizar los documentos. Pautó una vista de estatus para el 3 de marzo, y la fecha del 20 de abril para dar comienzo al juicio en su fondo.

Al salir de sala, los abogados de defensa se limitaron a repetir que estaban listos para comenzar el juicio en su fondo.

La fiscal Fuster, sin embargo, explicó con más detalle por qué habían pedido el tiempo adicional.

“Lo que ocurrió es que la defensa está solicitando una evidencia, que ya hay una orden del tribunal para que se entregue por parte de la Universidad. En un momento, ellos retiran esa petición, pero haciendo una salvedad que en su día se reservan el derecho de levantar que nosotros incumplimos, que el ministerio público incumplió en relación a la entrega de esa documentación. Eso es relación a los procesos que se siguieron en el resto de los recintos. Nosotros entendimos inicialmente que esto no era pertinente. El juez lo declaró sin lugar y ordenó a la Universidad entregarlo”, dijo la fiscal.

“Y entonces me resulta muy irregular el hecho de que ya en un momento de juicio prácticamente ellos desistan de que esa prueba se presente. En este momento nosotros queremos ver la prueba, queremos ver esa evidencia. Primordialmente porque entendemos que, si es una prueba que el juez declaró con lugar que hay que entregarla, y ellos en su día pueden levantar el que nosotros no cumplimos, evidentemente, yo tengo… quien la quiere entregar ahora soy yo, y quiero examinarla también”, insistió la fiscal. “Tiene que levantarme suspicacia a mí como fiscal que me digan ahora no la quiero ver, y después voy a decir que tú incumpliste si no la viste. Eso puede ser base para una apelación”.

Fuster recordó que “se presentó también un (recurso de) certiorari en el Tribunal de Apelaciones, del cual se desistió también, a la par con el otro desestimiento, en relación a un pliego de especificaciones. Al momento el Tribunal Apelativo no ha declarado con lugar ese desestimiento tampoco. Eso está pendiente también”.

Walker Ramos enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, omisión del deber y malversación de fondos públicos. Severino Valdez enfrenta cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y omisión en el cumplimiento del deber.