El juicio federal contra el senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, por cargos de fraude y mentir al gobierno federal, comenzó este martes en el tribunal federal en San Juan, con la presentación por parte de la fiscalía federal de la acusación en su contra, alegando que el Nazario mintió a sabiendas al Departamento de Trabajo federal, al incumplir con un acuerdo al que había llegado para pagar los salarios por las horas que habían trabajado 177 empleados bajo el concepto de “voluntarias” entre mediados de 2012 y mediados de 2014, y que no se les habían remunerado.

De acuerdo con el equipo de la fiscalía federal, que conforman los fiscales Miriam Fernández y Scott Anderson, Nazario llevó a los empleados del municipio a aceptar trabajar dos horas diarias de manera voluntaria, una práctica que estaría en violación de las leyes.

Al detectarse el incumplimiento, fue referido al Departamento del Trabajo federal, que investigó el asunto y determinó que las horas debían ser pagadas. Ante las dificultades financieras que enfrentaba el municipio, se estableció un plan de pago a cumplirse entre marzo de 2015 y febrero de 2018, para pagar el monto de $588,961.43 que se le adeudaba a los 177 empleados afectados, más $9,079.79 que correspondían a un interés de 1%.

Sin embargo, Nazario habría incumplido con el acuerdo, dejando de pagar a 30 empleados, al tiempo que mentía al Departamento del Trabajo indicando falsamente que estaba cumpliendo.

Además de los 30 cargos por mentir, enfrenta otros siete, por enviar esa información falsa al Departamento de Trabajo federal a través de medios electrónicos.

“Este caso no es sobre popularidad, no es sobre dinero o apropiarse de dinero. Este caso es sobre mentiras al Departamento de Trabajo federal, sobre fraude, sobre si el acusado dejó de honrar el acuerdo que tenía con el Departamento de Trabajo federal”, insistió la fiscal Fernández en sus argumentos iniciales.

Sin embargo, en sus argumentos iniciales la defensa de Nazario, que conforman los abogados María Domínguez, Edgar Vega, Javier Micheo y Carlos Andrew, sostuvo que Nazario hizo una buena labor como alcalde que lo llevó a ser reelecto en varias ocasiones, y que el acuerdo para las horas voluntarias se tomó con la aceptación de todos los empleados en momentos en que el municipio enfrentaba una crisis fiscal.

Indicaron además, que luego de la intervención del Departamento del Trabajo federal, Nazario aceptó el acuerdo y él mismo entregó los cheques por las horas voluntarias no pagadas a los empleados afectados.

“Abel Nazario Quiñones no recibió ni un centavo, ni ningún tipo de beneficio, en relación a esos pagos. Tampoco diseñó esquema alguno para defraudar a nadie”, sostuvo el abogado Vega. “¿Entonces por qué estamos aquí? La evidencia mostrará que esta investigación fue una chapucería”.

Los primeros testigos en sentarse a declarar fueron dos empleados de la oficina regional de la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo, la entonces investigadora Wanda López y el supervisor de esta, José Vázquez. Ambos testificaron sobre el proceso que llevó a la investigación del referido que hizo la Oficina de la Contralora al Departamento del Trabajo, relacionado al asunto de las horas voluntarias que no se habían pagado.

Explicaron que se determinó que esa acción era contraria a las leyes laborales, y que tenían que pagar a los empleados. Antes las dificultades económicas que tenía el municipio, se acordó un plan de pago a cumplirse en 36 meses, con los pagos mensuales cada día 15, entre marzo de 2015 y febrero de 2018, con un interés de 1%.

La defensa cuestionó si se había notificado a cada empleado sobre el acuerdo y los términos del mismo y el plan de pago. López afirmó que eso no le corresponde al Departamento del Trabajo, sino al empleador.

Posteriormente, en el interrogatorio a Vázquez, se mostró el documento del acuerdo, y la cláusula que indica que el empleador, en este caso el municipio de Yauco, debía informar en 30 días a todos los empleados sobre el acuerdo y sus detalles, en inglés y español.

La defensa además tuvo una línea de preguntas que buscaba mostrar que el entonces alcalde de Yauco se mostró colaborativo con los investigadores federales cuando acudieron al municipio en busca de información. López admitió que hubo colaboración, pero indicó que no le proveyeron todos los documentos que solicitó.

El último testigo que se sentó a declarar antes de la pausa de almuerzo, fue el auditor senior Virgilio Pabón Pagán, de la Oficina de la Contralora, quien explicó el proceso que lo llevó a investigar el municipio en 2016 como parte de sus labores.

Explicó que mientras hacía su trabajo recibió una llamada anónima, alertando que se estaban haciendo algunos pagos de las horas voluntarias no pagadas a ciertos empleados, y se les estaba diciendo que eran pagos de nómina adelantada.

“Eso me llamó la atención, porque el gobierno nunca paga por adelantado”, sostuvo Pabón.

Declaró que entonces comenzó a investigar más a fondo. Solicitó nóminas y documentos relacionados a los pagos de horas voluntarias según el acuerdo que existía. Revisó una muestra, primero de seis empleados y luego de otros 46, y notó irregularidades.

Agregó que una empleada en particular del primer grupo de seis, una trabajadora no vidente del cuadro telefónico del municipio, proveyó documentos con detalles de pagos, que no se correspondían a lo que reflejaba la nómina.

El documento de nómina, mostrado en sala como evidencia, mostraba un pago regular el 13 de marzo de 2015, un pago anómalo el 15 de abril de 2015 que dijo sospechaba era de la horas voluntarias no pagadas, y el siguiente pago era uno regular el 3 de junio de 2015.

Se espera que el auditor continúe declarando en horas de la tarde.

Nazario, por su parte, ha estado atento a todo el proceso auxiliado por el equipo de traducción del inglés al español.