El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) confirmó el arresto del oficial correccional Radamés Morales Portalatín ocurrido el martes mientras laboraba en la institución Guayama 296.

La investigación inició tras recibirse una confidencia por oficiales del DCR, lo que dio paso a un referido al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP), en el año 2025.

Según la pesquisa, el imputado presuntamente aceptó $1,500 a cambio de entregar un teléfono celular a un confinado y, además, habría distribuido sustancias controladas a un agente en funciones de encubierto en el estacionamiento de un supermercado.

A Morales Portalatín se le radicaron cuatro cargos, que incluyen violación a la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental, soborno, introducción de contrabando a una institución penal y distribución de sustancias controladas.

Un juez determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $600,000. Se desconoce al momento si la va a prestar o será encarcelado.

Algunos de los delitos imputados no permiten la concesión de sentencia suspendida y conllevan penas que podrían alcanzar hasta 30 años de reclusión.

El secretario del DCR, Lcdo. Francisco Antonio Quiñones, informó que ordenó de inmediato la suspensión sumaria de empleo y sueldo del funcionario, como paso previo a su destitución del servicio público.

Morales Portalatín, de 45 años, contaba con 22 años de servicio en la agencia.

“El mensaje es claro: no vamos a permitir que unos pocos dañen el buen nombre de miles de oficiales que visten con orgullo el uniforme de nuestro Departamento. Tampoco vamos a tolerar que se atente contra la seguridad en nuestras instituciones. Continuaremos colaborando con las agencias de ley y orden estatales y federales”, concluyó el secretario Quiñones, en un comunicado de prensa.