La exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, y otros dos exfuncionarios de esa agencia serán investigados por los Fiscales Especial Independiente (FEI), Emilio Arill Garcia y Zulma Füster Troche por supuestamente utilizar propiedad pública para beneficio personal.

Además de Rivera Martínez, los otras dos personas a los que el Panel sobre el FEI (PFEI) ordenó incluir en la pesquisa son la exadministradora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y al ingeniero Miguel Santiago Irizarry.

La controversia que involucró a los funcionarios comenzó a principios de año, cuando el secretario de Agricultura y presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras, Ramón González Beiró, solicitó a la directora su renuncia y la refirió al Departamento de Justicia. El hecho supuestamente ocurrió luego de que esta había denunciado públicamente irregularidades en el Fondo de Mejoras Municipales con transferencias solicitadas por legisladores.

No obstante, el septiembre pasado el Departamento de Justicia remitió al Panel del FEI investigar a Rivera Martínez, y otros exfuncionarios de la corporación pública por una alegada malversación de fondos asignados por la Asamblea Legislativa.

La comunicación del secretario de Justicia al PFEI estipuló que una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia determinó que existe causa suficiente para creer que tanto Rivera Martínez, como la exdirectora de Finanzas y el director del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes, Santiago Irizarry, cometieron el delito de administrar ilegalmente dinero del erario público, según dispuesto en el Artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico.

Además, el comunicado de Justicia aludió a que durante la pesquisa se obtuvo información en torno a que la exdirectora ejecutiva autorizó el uso de un vehículo oficial de la AT, corporación pública adscrita al Departamento de Agricultura, para que el ingeniero Santiago Irizarry le diera uso privado. Por ello, se indicó que existía causa suficiente para creer que ambos también infringieron el Artículo 4.2(b) de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

Hoy, miércoles, el PFEI indicó, en comunicado de prensa, que evaluó los señalamientos y emitió una resolución en la que se indica que “conforme a los documentos que se incluyen en el récord que nos fue remitido con el informe de investigación preliminar, surge prueba tendente a demostrar que los aludidos funcionarios podrían haber incurrido en violaciones al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental y al Codigo de Rentas Internas de 2011, según relacionamos antes”.

Los FEI asignados tendrán 90 días para evaluar la prueba y determinar si se procede a la radicación de cargos criminales contra los funcionarios.