Seis empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de la región de Aguadilla enfrentan cargos criminales por hacer que estaban trabajando, pero en realidad se tomaban el día para asuntos personales.

Un comunicado emitido por el Departamento de Justicia establece que estos empleados “ponchaban la entrada a laborar y luego se retiraban a realizar gestiones personales; para luego regresar a la AAA y ponchar la salida”.

Por sus actos, las fiscales Melitza Osorio Santiago y Lyanne Ortiz Román, de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor de Justicia, presentaron 48 denuncias contra Nelson Rivera Feliciano, Daniel Colón Vale, Manuel Rodríguez Castro, Jesús Manuel Rodríguez Pagán, Nelson Manuel Conty Vázquez y Eddie Ramirez Soto.

Los cargos imputados son violaciones al artículo 182 del Código Penal, Apropiación Ilegal Agravada, y el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental. Este último cargo establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

El juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, determinó causa probable para arresto contra los seis empleados. Les impuso una fianza global de $222,000. La vista preliminar quedó pautada para el 21 de noviembre de 2025, se informó en comunicado de prensa emitido por la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Los hechos por los cuales enfrenta estos cargos criminales ocurrieron desde el 22 de abril de 2022 en la Oficina de Regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en Aguadilla.

El comunicado no establece cuántos fondos públicos supuestamente fueron apropiados ilegalmente bajo este esquema en que los empleados ponchaban y no trabajaban.

Tras divulgarse la acusación, el presidente de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, emitió unas declaraciones escritas en las que afirmó que “desde que advinimos en conocimiento de la investigación del Departamento de Justicia, nuestro personal ha colaborado plenamente con todo el proceso. Este esquema responde a hechos que comenzaron en 2021 y culminaron este año”.

“En esta nueva administración no existe, ni existirá, espacio para actos de corrupción, malversación de fondos públicos o cualquier conducta ilegal o que pueda parecerlo. Continuaremos colaborando con las autoridades para que el peso de la ley recaiga sobre las personas responsables, quienes no representan a la gerencia ni al resto de los empleados que con compromiso y honestidad le sirven al pueblo de Puerto Rico”, añadió.