El Negociado de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales, arrestó esta madrugada a 12 personas, entre ellos distribuidores, armeros y vendedores de rifles y pistolas en siete municipios, y un adolescente que enfrenta faltas por venta de drogas, como resultado de la “Operación Desarme”.

El proveedor de armas adquiridas legalmente de las cuales se vendieron diez, continúa bajo pesquisa federal, reveló el coronel Carlos Cruz Burgos, superintendente auxiliar de Operaciones Especiales (SAOE).

Los agentes documentaron más de 20 transacciones ilegales en los pueblos de San Juan, Trujillo Alto, Bayamón, Aguas Buenas, Gurabo, Morovis y Orocovis, que llevaron a que se emitieran las órdenes de arresto que fueron diligenciadas este martes, con fianzas globales de $10 millones 335 mil.

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, detalló que sacaron de circulación 26 armas de fuego, entre ellas 18 rifles y 8 pistolas, de las cuales 10 estaban inscritas en el Registro de Armas de Fuego. Además, se incautó 2.5 libras de marihuana y varias onzas de cocaína con presencia de fentanilo.

“La organización investigada operaba con una estructura clara, un proveedor o armero, un intermediario o distribuidor y varios vendedores que facilitan las transacciones en diferentes puntos de Puerto Rico”, abundó González Falcón.

Mientras que, Cruz Burgos, estableció que “era una operación sencilla para ellos, (los integrantes de la organización) ellos tenían armas de fuego de una persona con licencia legal, se las pasaba a ellos y ellos hacían la oferta del arma y entonces procedían a venderlas”.

Este modo de operar al traficar con armas legalmente inscritas ha comenzado a tomar auge, por tal razón se han logrado identificar casos similares. Cruz Burgos, subrayó que, el sistema de alerta cuando se detectan anomalías en la compra de armas legales.

Durante diez meses agentes encubiertos se infiltraron en una red principal de suplidores e hicieron contacto con otros vendedores independientes, según el director del Negociado de Drogas, Narcóticos y Arma Ilegales, teniente coronel Jorge L. Luyando.

Una de las armas ocupadas en esta operación fue vinculada mediante prueba científica con la escena de un asesinato ocurrido este año.

“Esa investigación sigue avanzando, entendemos que los resultados en cuanto a ese esclarecimiento ya pronto los veremos”, agregó Cruz Burgos.

González Falcón, agregó que en los primeros dos meses del año se han diligenciado 250 órdenes de allanamiento y se han sacado de las calles más 500 armas de fuego.

La manera más común de traficar armas ilegales a la isla es mediante el correo.

Los dos líderes de la organización intervenida eran jóvenes de 19 años, lo que presume que desde menores pudieron estar involucrados en el trasiego ilegal de armas. Del total de arrestados solo cuatro contaban con expediente criminal, dos por trasiego de armas, uno por apropiación ilegal y por violencia doméstica.

Dos confinados, uno de ellos que se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo y otro de una prisión estatal y ambos enfrentan cargos por trasiego de armas, fueron excarcelados para enfrentar las nuevas acusaciones.

El recluso federal fue arrestado el 15 de enero durante un allanamiento en Ciales donde se ocuparon tres rifles y dos pistolas, cargadores y municiones y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) asumió la jurisdicción.

“Nosotros lo vinculamos directamente en esta investigación porque la División de Drogas de Arecibo, a un individuo que fue intervenido para la fecha del 15 de enero en la jurisdicción de Ciales, este señor se encuentra confinado, el sistema federal asumió la jurisdicción, HSI, en este momento se encuentra enfrentando un proceso en la jurisdicción federal, en ese caso se ocuparon cinco armas de fuego y nosotros sin duda lo vinculamos con el grupo organizado que fue impactado”, dijo Luyando.

Durante la ejecución del plan se invirtieron $127,709, en gastos investigativos relacionados con la compra de evidencia, alquiler de vehículos, combustible y evidencia. “Esa inversión permitió obtener prueba sólida y contundente”.

“El mensaje de la Policía de Puerto Rico es claro, no vamos a permitir que organizaciones criminales sigan alimentando la violencia armada en nuestras comunidades”, mencionó el superintendente, quien no descartó más arrestos.

En la conferencia de prensa participó la fiscal Rocío Gracia, en representación del jefe de los fiscales, el director de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia, fiscal Héctor Siaca y Wilmer Ocasio, alguacil de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, quienes reiteraron su apoyo y satisfacción por los resultados obtenidos.

El presunto proveedor principal, que tiene 19 años, fue identificado como Christian García De Jesús y el intermediario como Jordie Joslin Cosme Maldonado, de la misma edad.

Falta por arrestar Bryan Gabriel Cruz Román, a quien se solicitó públicamente que se entregara a las autoridades. Si usted conoce su paradero puede llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.

Las penas fluctúan entre los 18 a 24 años de cárcel dependiendo del tipo de arma de fuego ocupada, aclaró el fiscal Siaca.

Se confiscaron cinco vehículos de motor utilizados para facilitar las actividades criminales.