Dijo, durante la vista de fianza en alzada contra este coacusado en el caso del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Javier Hernández Pérez, que la decisión la emitirá por escrito en los próximos días.

La determinación la tomó luego de que los fiscales Timothy Henwood y José Capó Iriarte solicitaran la paralización de la fianza impuesta ayer, martes, por la magistrada federal Silvia Carreño Coll.

Carreño Coll le impuso a Muñiz Álvarez una fianza de $10,000 y detención domiciliaria con supervisión electrónica para que el acusado, de 34 años, pudiera salir a trabajar y a estudiar, ya que está terminando un doctorado en sicología.

No obstante, el aspirante a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP) permanecerá detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, hasta que el juez emita su decisión por escrito.

Durante la vista, los fiscales expusieron que entendían que el acusado por conspirar para cometer fraude electrónico y a programas federales, conspirar para cometer lavado de dinero y destruir evidencia representa un peligro a la comunidad y riesgo de obstrucción a la justicia por comprar municiones de calibres distintos a los del arma de fuego para la que tiene licencia de portación, y por supuestamente amenazar a una testigo al decirle que mataría a los chotas del caso, a sus familias y a sus perros.

Capó Iriarte insinuó que el imputado podría tener otras armas de fuego no registradas.

El abogado de Muñiz Álvarez, Francisco Rebollo Casalduc, destacó que su representado entregó el arma voluntariamente a las autoridades una vez fue arrestado y destacó que Fiscalía estaba "especulando" si tenía otras armas.

"Si no sabe, no deben especular y son cosas que el gobierno no sabe", planteó el abogado.

En cuanto a la alegada amenaza, Rebollo Casalduc recalcó que era una expresión popular, "folclórica y caricaturesca", un decir "que todos decimos cuando no pensamos que será usada en nuestra contra". Indicó que: "Hasta ayer, no lo vieron como algo serio", dado a que no le radicaron cargos a su cliente por la supuesta amenaza a una testigo del caso.

El abogado recordó que en el caso del exalcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontánez, las autoridades federales lo arrestaron tan pronto supieron que había amenazado a testigos.

"La supuesta expresión fue el 15 de octubre. ¿Fueron a arrestar a mi cliente y a proteger a la testigo? No. Llenan un informe 302 (informe de los agentes) y ya y no lo tomaron en serio. Nadie tomó acción como resultado de eso", dijo Rebollo Casalduc, quien recordó que la testigo tenía un artefacto para grabar conversaciones, pero no hay grabación de la alegada amenaza.

Reiteró que no lo acusaron por intervenir con testigos u obstrucción de la justicia, porque "la Fiscalía no pensó que tenían evidencia suficientemente fuerte para probarlo más allá de duda razonable en un juicio. Sino, lo hubiesen acusado".

El abogado manifestó que en 20 años de experiencia, nunca había visto una diferencia tan marcada entre la petición de Fiscalía para que se detuviera sin fianza a un acusado, y el informe del oficial con antelación al juicio, que recomienda libertad bajo fianza.

"En 20 años no había visto tal diferencia entre la petición del gobierno y del informe. Uno de los dos está mal, y es el gobierno", expresó Rebollo Casalduc.

Capó Iriarte indicó que tienen "abrumadora evidencia" en contra de Muñiz Álvarez y los demás acusados con grabaciones en audio y vídeo, más de 175 documentos y "cientos y cientos" de correos electrónicos, además de "docenas" de testigos y récords financieros.

El fiscal procedió a cuestionar a un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) relacionado a alegada amenaza que recibió una informante que compareció como testigo ante el gran jurado federal.

El agente declaró que se enteró de la "amenaza" al leer el informe de otro agente y habló con el agente investigador para entrevistar a la testigo.

"Cuando hablé con ella, estaba asustada, que temía por su vida, porque el acusado tenía conexiones en Moca y podía mandar a alguien (a matarla) si no lo hacía él. Que le dijo que mataría a chotas, sus familias y sus perros", señaló el agente.

A preguntas de Rebollo Casalduc, admitió que cuando hay amenaza, se activa un protocolo para proteger a la víctima y arrestar al alegado victimario, lo que no se hizo en este caso. Tampoco se ha reportado de ningún testigo herido o lastimado por alguien a raíz de los arrestos.

Muñiz Álvarez, quien era empresario junto con Carlos Lunam de la compañía JM Profesional (sic) & Training Group, fue arrestado el 3 de diciembre pasado.

Según el pliego acusatorio, ambos eran empresarios de la mencionada compañía ligada a Hernández Pérez y obtuvo un contrato con la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), gracias a la anuencia de la coacusada y entonces administradora de ADL, Sally López Martínez, también acusada en este caso y quien se alega consiguió dicha posición gracias a que Hernández Pérez se lo pidió a su amigo, el hermano del gobernador Alejandro García Padilla, Luis Gerardo García Padilla.

Uno de los contratos otorgados comenzó por $200,000 y aumentó hasta $800,000, y otro se firmó por $300,000 y llegó a ser de $944,500. Los contratos eran para ofrecer servicios profesionales para organizar y ofrecer ferias de empleo alrededor de la Isla.

Los demás acusados en este caso -denominado como Operación Botín de Guerra- son: la directora de la División de Compras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sonia M. Barreto Colón; la vicepresidenta de la AAA, Ivonne Marie Falcón Nieves; su hermana Marielis Falcón Nieves; el administrador de la Cámara de Representantes, Xavier Eduardo González Calderón; su ayudante Glenn Omar Rivera Pizarro, así como el director de informática y tecnología de la Cámara, Víctor Rafael Burgos Cotto. Todos están libres bajo fianza.