Dos individuos fueron arrestados hoy, viernes, por agentes del Negociado de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) tras un gran jurado federal emitir una acusación formal de 92 cargos por conspiración de fraude bancario, fraude bancario, robo de identidad agravado y lavado de dinero.

Según Fiscalía Federal, los imputados Carmelo Santiago Santiago y Efraín Delgado Rodríguez conspiraron y ejecutaron un plan para cometer fraude con el fin de obtener dinero de la Compañía A, una compañía de seguros ubicada en San Juan.

El pliego acusatorio señala que Santiago Santiago trabajaba en la Compañía A desde 2016 como contable, supervisando asuntos relacionados con la conciliación de cuentas y los asientos de cierre. Mientras tanto, Delgado Rodríguez era el presidente de Fast Contractors LLC, una empresa de construcción general en Puerto Rico.

El documento continúa explicando que los acusados crearon cheques falsos y fraudulentos utilizando los números de cheques pendientes y anulados emitidos originalmente a proveedores y prestadores de servicios de la empresa A. Utilizando el número de cheque y el número de cuenta de la empresa A, los acusados cambiaron el beneficiario e hicieron que los cheques falsos fueran a nombre de Delgado Rodríguez y Fast Contractors LLC. Una vez depositados los cheques falsos, los fondos se repartieron con Santiago Santiago.

Los cheques fraudulentos también contenían la firma digital manuscrita del personal de la empresa A sin su conocimiento o consentimiento. La conspiración y el plan de fraude de los acusados supusieron unas pérdidas reales de aproximadamente $526,767.

Por su parte, el fiscal federal W. Stephen Muldrow sostuvo que “el fraude financiero es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los ciudadanos y las empresas estadounidenses hoy en día. La prevención y la persecución de delitos de esta naturaleza seguirán siendo una de las principales prioridades de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos”.

Mientras que Joseph González, agente especial a cargo del FBI en San Juan, indicó que “este tipo de esquema es tristemente recurrente y lo vemos con demasiada frecuencia”

“Mi mensaje a las empresas es que la prevención es la clave y el FBI está aquí para ayudar”, dijo González.

“Tenemos recursos disponibles para mejorar la concienciación, así como capacitar a sus equipos de cumplimiento para que puedan evitar convertirse en una víctima. Llámenos para coordinar una presentación y, por supuesto, si ocurre lo peor y se convierte en víctima, llame al 787-987-6500″, agregó.

Los acusados hicieron su comparecencia inicial hoy ante el Juez Magistrado Marcos E. López del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 30 años de prisión y a una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad agravado. Un juez del tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios.

La fiscal adjunta Marie Christine Amy lleva el caso.