El cuadro telefónico de la Cámara de Representantes estaba tan quedao’ de viejo que podía colapsar en cualquier momento, según declaró ayer Víctor Burgos exdirector de Tecnología de ese cuerpo.

Cambiarlo era urgente, pero pasaron ocho meses desde que se dio cuenta hasta que arrancó el proceso, alegadamente, porque Burgos no quería firmar con la empresa de Anaudi Hernández 3CommGlobal.

Ayer Burgos dijo, como parte de su testimonio en el juicio contra cuatro coacusados de corrupción gubernamental, que lo botaron de la Cámara de Representantes en abril de 2014, luego de un año de labores, porque se negó a favorecer a los amigos del presidente.

¿Quién es el presidente? Jaime Perelló. ¿Quién lo presionó? El administrador de la Cámara de Representantes Xavier González, que también admitió su culpa de participar en el esquema de favoritisimo, José Carrión, “asesor particular” de Perelló en tecnología y un tal “licenciado Tirado”. ¿Qué significaba ser “amigo del presidente”? Ayudar en las campañas políticas de Jaime Perelló. ¿Cómo entra Glenn Pizarro su supervisor inmediato, coacusado y ayudante ejecutivo de Xavier González en el esquema? Al advertirle -siempre con una sonrisa- que a pesar de que no estaba acostumbrado a la forma de trabajo, debía cooperar con lo que se le pedía, o de lo contrario se quedaría sin trabajo.

Todo eso explicó Burgos quien se declaró culpable de un cargo por tener conocimiento de que se cometía un delito y no informarlo a las autoridades federales.  

Para el momento en que se firmó el contrato de telefonía con Anaudi y sus socios, ya Burgos había recibido no solo presiones de sus jefes sino que en una reunión, Perelló le increpó por una falla de ocho días en el correo electrónico y además le preguntó directamente qué pasaba con el contrato para cambiar los teléfonos.

Entonces como un rayo bajó la orden de Perelló: “Necesito que se firme ese contrato (con 3CommGlobal) ya”.

El 9 de octubre de 2013 finalmente Perelló, Burgos y Glenn estamparon su firma en el contrato.

“Lo firmé por toda la presión que recibí”, alegó el testigo. Poco después, tal y como lo advirtió Burgos, una vez Anaudi y sus socios metieron las manos en el área de tecnología sin experiencia y sin cumplir especificaciones necesarias, el cuadro tuvo problemas.

Otra testigo ayer fue Heidie Rosado Nieves exadministradora auxiliar de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), quien dijo que Anaudi a través de su empresa JM Professional infló una factura de $13,850 a $45,000 y la jefa entonces de la agencia, Sally López, coacusada, lo aprobó. La testigo reconoció que acudió la semana pasada al FBI para ofrecerse a declarar lo que sabía. Antes de eso no figuraba como testigo. Entre otras cosas, dijo además que las ferias de empleo organizadas por Anaudi eran inútiles, costosas y pretenciosas y que no se les daba seguimiento a los participantes lo que puso en jaque la asignación de fondos federales.

El abogado de Sally, Joaquín Monserrate Matienzo intentó establecer que había animosidad entre la testigo y Sally, a lo que la mujer afirmó que no era una “vendetta personal”.  

También están acusadas en esta etapa Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la AAA y su hermana Marielis. El juicio continúa hoy.