Babalao al frente de narcos
Según las autoridades, si la organización perdía un cargamento, no ordenaban un atentado; preferían que “Samuel” se encargara de sus enemigos.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 13 años.
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“Ayuda” espiritual los mete en tremendo aprieto.
Una organización criminal que se dejaba guiar por una supuesta fuerza sobrenatural para coordinar el transporte de unos 840 kilos de cocaína, anualmente entre San Martín, Puerto Rico y Estados Unidos terminó siendo desarticulada a través del operativo Voodoo Sam.
Y es que “Sam” o “Samuel”, no cooperó esta vez. Era este espíritu el que el sacerdote santero Orlando Robles Ortiz, conocido como “Papal”, consultaba antes de reclutar miembros de la organización y previo a enviar los cargamentos de narcóticos.
Según las autoridades, la organización, compuesta por 22 miembros, era “organizada y conservadora”. Si perdían un cargamento, no ordenaban un atentado; preferían que “Samuel” se encargara de sus enemigos.
De esta forma, la banda operó una cadena de distribución, desde el 2003, que movía los cargamentos de cocaína entre San Martín y Puerto Rico en yates y vuelos de carga. Por medio de otros vuelos comerciales, según se alega, se enviaba la droga de manera estratégica a Nueva York y Connecticut.
Todo se hacía pensando en los deseos y las inquietudes de “Samuel”, manifestados a través del babalao. Mataron gallinas y muchas cabras y, de hecho, según se desprende de las versiones obtenidas por las agencias de seguridad, uno de los acusados proveía los rumiantes que se sacrificaban en aras de garantizar la llegada de la droga.
“Las religiones afrocubanas siempre han jugado un papel importante en el narcotráfico. Utilizan a los babalaos como líderes espirituales y consultores espirituales para sus operaciones. No es raro pero, en este caso, el señor que se alega ser un babalao era miembro de la organización y uno de los líderes”, sostuvo Pedro J. Janer, el director interino de la Administración Federal Antidrogas (DEA), la agencia líder en la pesquisa que comenzó en septiembre de 2011. “Desafortunadamente, parece que el espíritu, gracias a la Semana Santa, estaba de vacaciones” , añadió Janer.
Entre los acusados figuran algunas caras conocidas, como un “facilitador” de la banda identificado como Samuel Rivera Ramos, mejor conocido como “Pelotero”, antiguo dueño del equipo de béisbol doble A, los Jueyeros de Maunabo, y ex empleado de Empresas Santana en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.
Otros acusados no son conocidos públicamente, aunque se han asociado con otros importantes jugadores del mundo del narcotráfico. Entre ellos se puede mencionar a la ex azafata de American Airlines Carmen Miranda Lozada, mejor conocida como “la Negra” , que es ex pareja consensual del narcotraficante convicto Samuel Negrón Hernández, mejor conocido como “Sammy Tostón”, antiguo compinche de “Angelo Millones”.
La banda tenía entre sus miembros una familia extendida dirigida por su presunto cabecilla, Eduardo Pérez Figueroa. Entre los implicados hay hermanos y matrimonios.
El pliego acusatorio incluye un alegación de confiscación de $127 millones, tres propiedades y un bote de 46 pies de eslora, pero uno de los asuntos que más llama la atención es que algunos de los acusados lavaron activos mediante la compra de boletos premiados de la Lotería de Puerto Rico. Supuestamente compraban el premio, más un 20 por ciento de éste como comisión para billetes que “no habían sido reclamados por los verdaderos ganadores”.
El esquema se utiliza en el narcotráfico para lavar dinero. Los acusados y sus familiares se “pegaron” en la Lotería en más de 33 ocasiones, “excediendo $1,400,000”.
“La Lotería hacía un cheque por la cantidad del premio a nombre de uno de los coconspiradores y, de esa manera, depositaban el dinero a su nombre en cuentas bancarias personales, escondiendo la verdadera procedencia del dinero”, sostuvo el director de la Unidad Doméstica Antidrogas de la Fiscalía Federal para la Isla, José Capó Iriarte.
Los miembros de la organización almacenaron una pequeña fortuna que se reflejó con propiedades en la urbanización Estancias de San Nicolás en Vega Baja, en la urbanización Alturas de Cerro Gordo del barrio Sabana de Vega Alta, entre otros bienes, como una embarcación Bertram.
Los acusados enfrentan 11 cargos por conspirar con intención de distribuir cargamentos de cocaína a Puerto Rico y Estados Unidos. Además del envío de los cargamentos de droga, se alega que algunos de los acusados transportaban dinero a San Martín para la compra de cocaína y que el efectivo también se transportaba desde Estados Unidos a Puerto Rico. Varios de los acusados tendrán que defenderse ante cargos de armas, importación de droga y lavado de dinero.
La Policía de Puerto Rico jugó un papel importante en la investigación.
Al cierre de esta edición, permanecían fugitivos cuatro acusados que no se pudieron arrestar durante los allanamientos que se realizaron en la Isla y Nueva York.