El banquero que está acusado en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced volvió a solicitar que se aplace la vista de sentencia para mediados de febrero.

La petición la realizó en una moción en la que solicitó extender el plazo para presentar objeciones al informe presentencia y de paso cambiar la fecha en la que debe saber qué pena tendrá que cumplir por el delito electoral menos grave por el que se declaró culpable.

“El señor Herrera solicita respetuosamente que el Tribunal dicte una orden: (1) que extienda el plazo para presentar objeciones por escrito al PSR (informe presentencia) hasta siete días después de que las partes y el oficial de libertad condicional completen la consulta sobre la Regla Penal Local 132(b)(3)(A), y que el oficial de libertad condicional emita cualquier PSR enmendado o adenda posteriormente dentro de un plazo razonable establecido por el Tribunal; y (2) que aplace la audiencia de sentencia, actualmente programada para el 29 de enero de 2026, durante al menos dos semanas, para permitir la finalización de la consulta informal, cualquier revisión o adenda resultante al PSR, y la presentación del memorando de sentencia correspondiente”, establece la petición.

Esta solicitud de cambio de fecha no es la primera que realiza el convicto. De hecho, ante su pasada petición, que respondió a que supuestamente su abogado estaba en un tratamiento médico, fue que todos los principales acusados de este caso, que incluye a la exgobernadora y al exagente federal Mark Rossini, es que van a ser sentenciados el 29 de enero.

La moción incluye una lista de fechas en las que la Oficina del Oficial de Probatoria y los abogados del acusado han intentado llegar a un acuerdo. Las fechas inician el 3 de diciembre y llegan hasta el 15 de enero.

“Esta mañana, 15 de enero, el abogado recibió la primera respuesta del oficial de probatoria, indicando que se habían recibido las objeciones preliminares del señor Herrera y que se les daría una respuesta “más tarde hoy”. No se proporcionó respuesta sobre la programación de la reunión y conferencia requerida”, se expuso.

“Debido a que la audiencia de sentencia está programada para el 29 de enero de 2026, no hay tiempo suficiente para recibir una respuesta preliminar del oficial de libertad condicional, completar la consulta, permitir que el oficial de libertad condicional considere e incorpore cualquier cambio o modificación acordados, y permitir que las partes adapten sus presentaciones de sentencia en consecuencia”, añade la moción.

Será la jueza federal Silvia Carreño Coll quien debe determinar si cambiar la fecha de sentencia.

Herrera Velutini no es el único que ha mostrado objeciones a su informe presentencia. También lo ha hecho Vázquez Garced y Rossini.

Este caso federal contra la exgobernadora data de agosto de 2022.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.