La boricua que supuestamente se casó por dinero para lograr que un ciudadano de Uzbekistán obtuviera la ciudadanía estadounidense está en conversaciones con la Fiscalía federal para declararse culpable.

Los pocos detalles que hay de la persecución de un acuerdo surgen del expediente judicial de Keily Maisonet Ortiz, en la que se destaca que ayer, viernes, presentó una moción junto a la Fiscalía federal para solicitar una extensión del tiempo para lograr el acuerdo. Es que la fecha límite que había fijado la juez federal María Antongiorgi Jordán era hasta ayer mismo.

El documento está sellado, por lo que no se da a conocer las razones para solicitar más tiempo para lograr un acuerdo en el que la boricua cambiaría su declaración de no culpable a culpable.

Una conferencia con antelación al juicio está pautada en este caso para el próximo miércoles.

Esta revelación de un posible acuerdo surge a un mes de que el ciudadano de Uzbekistán y esposo fatulo, Shokir Kurbonovich Khalilov, fuese sentenciado a “tiempo servido” en prisión. Este se había declarado culpable en octubre pasado por fraude matrimonial.

La esposa, según la acusación, era la boricua Maisonet Ortiz.

El acuerdo del extranjero explica que para “el 13 de marzo de 2024 en el distrito de Puerto Rico y bajo la jurisdicción de esta corte, el acusado Shokir Kurbonovich Khalilov se confabuló con una ciudadana de Estados Unidos, que a sabiendas e ilegalmente contrajo matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos”.

De acuerdo con la acusación, Kurbonovich Khalilov y Maisonet Ortiz se casaron el 13 de marzo de 2024 en San Juan. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, Maisonet Ortiz presentó una solicitud I-130 ante el Departamento de Seguridad Nacional para peticionar a Kurbonovich Khalilov como familiar extranjero. Simultáneamente, el hombre presentó su solicitud I-485 para ajustar su estatus migratorio con base en ese matrimonio.

La investigación fue realizada por el Sector Ramey de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, con sede en Puerto Rico. Se trata del primer caso de fraude matrimonial investigado por esta división.