El superintendente de la Policía de Puerto Rico, José L. Caldero López, aseguró hoy, viernes, que el proceso de reforma de la Uniformada cuenta con la participación de los ciudadanos, y señaló que ya se les ha permitido a varios grupos de civiles tomar parte en la elaboración de políticas.

Las expresiones de Caldero López surgieron esta tarde en reacción a las declaraciones del Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (Grucorpo) realizadas ayer y en las que señalaron que en este proceso es vital la integración de la voz del pueblo.

Representantes de Grucorpo, que nació hace un año para exigir esa participación y que integra a unas 20 organizaciones e individuos, advirtieron que ya han sometido propuestas para promover el cambio institucional en el cuerpo policiaco. Parte de su aspiración es que se reconozcan y defiendan los derechos humanos de las víctimas de delitos, víctimas de violencia de género, de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Transgéneros (Lgbtt), entro otros grupos históricamente desfavorecidos.

“Ante este reclamo quiero aclarar que nuestra política pública es de total transparencia, apertura y colaboración ciudadana”, se expresó por escrito el jefe de la Policía sobre la reforma. 

Este documento es producto del acuerdo federal al que llegaron el Departamento de Justicia de Estados Unidos con su homólogo local, por una demanda contra el gobierno de Puerto Rico por violación de derechos civiles por parte de la Uniformada. 

Caldero López detalló que ese acuerdo solo exige a la Policía la inclusión comunitaria a través de los Comités de Interacción Ciudadana, y “como un acto de buena fe” también se le ha dado el espacio a Grucorpo para la elaboración de políticas.

“Precisamente, estamos trabajando un acuerdo de colaboración con Grucorpo para oficializar su participación comunitaria en el análisis y revisión de políticas, reglamentos y otros temas pertinentes a la Reforma de la Policía”, agregó Caldero.

El superintendente se refirió a otras preocupaciones expresadas por el grupo sobre el contenido de los borradores de algunas órdenes generales y protocolos que se diseñan para la reforma.

Según había resaltado Josué González, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que es parte de Grucorpo, las políticas de uso de fuerza omiten estándares constitucionales y mantienen, por ejemplo, la implementación de las técnicas de agarres de cuello a los ciudadanos, eliminadas en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

“Nos resultan incomprensibles sus críticas negativas, ya que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reconocido que dicha política (la del uso de fuerza propuesta) es una de las más completas en toda la nación norteamericana”, respondió el superintendente.

Añadió que la Policía evalúa las sugerencias de Grucorpo a la política de la División de Operaciones Tácticas, según lo establecido en el Plan de Acción aprobado por el Departamento de Justicia federal y el Asesor de Cumplimiento Técnico, Arnaldo Claudio.

“El resultado final será discutido posteriormente en una reunión de trabajo, en aras de cumplir con el compromiso establecido de mantener estrecha colaboración con los diversos sectores de la comunidad”, sostuvo Caldero López.