Según Caldero, el hombre no incurrió en ningún delito. 

José Perelló, un policía retirado hace cuatro años de la agencia, que trabaja como chofer de la compañía Uber, enfrentó este fin de semana a un grupo de taxistas que aparentemente intentaron utilizar la violencia para impedir que recogiera a unos turistas en la marginal detrás del Hotel Conrad San Juan Condado Plaza. 

La difusión del suceso provocó que la ciudadanía se volcara en muestras de apoyo a Perelló, quien logró transportar a los turistas a pesar de las amenazas e improperios que recibieron él y sus pasajeros. 

“Él no cometió un delito. Mostrar el arma como lo hizo no es delito”, exclamó Caldero López. 

A claró que al estar retirado de la Policía, Perelló es un ciudadano civil, por lo que no se le aplican los reglamentos de la agencia. 

También reveló que no se ha radicado ninguna querella en la Policía contra Perelló, razón por la cual no hay una investigación abierta sobre los sucesos. 

El vídeo provocó que salieran a la luz pública otros incidentes ocurridos con agentes activos que en su tiempo libre trabajan como choferes de Uber, en el área del Viejo San Juan. 

Sin embargo, Caldero López, no ha firmado ni una sola dispensa de las que necesitaría cualquier agente para trabajar a tiempo parcial ejerciendo ese tipo de labor, según dispuesto en el Reglamento para Autorizar el Empleo a los Miembros de la Policía fuera de la jornada legal de trabajo.

Tampoco conoce cuántos policías son choferes de Uber en su tiempo libre, aun sin la autorización.

Firma directriz

El superintendente firmó ayer una Directriz para el Entendimiento e Intervención de Transportistas de acuerdo al Reglamento 8790 sobre las Empresas de Red de Transporte (ERT) y las Leyes Aplicables con el fin de que los policías sepan cuándo intervenir en los conflictos entre choferes de Uber y los taxistas. Reconoce, sin embargo, que la jurisdicción primaria para intervenir y multar por violaciones al reglamento le pertenece a la Oficina Reguladora del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). 

Las multas del DTOP ascienden hasta los $5,000 y conllevan la suspensión de permisos de cualquier conductor de las ERT.

Si algún chofer es sorprendido violando el perímetro, y la controversia no se resuelve en el lugar, la Policía debe citar las partes al tribunal.