Candela judicial a la vuelta de la esquina
Polémicos casos comenzarán a ventilarse a corto plazo en los tribunales.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 8 años.
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El 2017 puede ser el año en que la exlegisladora popular Mari Tere González y el exdirector de la Administración de Servicios Generales (ASG), Luis Castro, se sienten en la silla de los acusados.
Se trata de la secuela del caso federal por corrupción gubernamental, conocido de manera coloquial como el caso Anaudi, en que seis personas ya se declararon culpables de su participación y otras cuatro fueron declaradas culpables por un jurado. Durante el juicio federal salió a relucir la estrecha relación de Anaudi Hernández, exrecaudador de la Pava, con Mari Tere, así como las invitaciones sociales y negocios con Castro.
Ya hay investigaciones paralelas contra ambos funcionarios en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.
En el caso de Mari Tere, el panel del FEI evalúa los referidos del Departamento de Justicia sobre un posible esquema ilegal en que la exsenadora pudo haber utilizado las facultades de su cargo para beneficiar a terceros. Mientras esto sucedía, obtuvo beneficios de estos terceros y lo encubrió en los informes que proveyó al Estado, según explicó la agencia.
Los cargos que podría enfrentar a nivel estatal son aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, lavado de dinero, enriquecimiento injustificado, falsa ideología e infracción a la ley para el financiamiento de campañas.
En torno a Castro, el panel del FEI debe evaluar si violó la Ley de Ética Gubernamental. Según la pesquisa preliminar, el socio de Anaudi y presidente de 3Comm Global, Héctor Vargas, le prestó $5,000 a Castro a la misma vez que mantenía contratos con la ASG. Justicia determinó que se configura posible conducta penada por la Ley de Ética Gubernamental como delito grave.
A rendir cuentas el “cirujano de las barbies”
Por otro lado, a nivel estatal está pautado para mañana miércoles el juicio contra el médico colombiano, Carlos Ramos Corena, también conocido como el “cirujano de las barbies”.
El cirujano enfrenta cinco cargos por practicar la medicina ilegalmente en Puerto Rico. Según alega la fiscalía, Ramos Corena hizo consultas médicas a cinco mujeres en el 2014 en un spa en Hato Rey.
Posteriormente a esas consultas, tres de ellas fueron intervenidas mediante cirugía estética por Ramos Corena, en el mismo viaje a Colombia que hizo Nancy Santana García, de 45 años, natural de Patillas, quien falleció tras ser sometida allá a una liposucción y una abdominoplastía por el imputado.
Mario Moczó, abogado del acusado, ha dicho que el médico colombiano no hizo ninguna consulta aquí, ni ejerció la medicina.
Vivo el caso de Serrano Chang
Christian Serrano Chang sigue en su batalla legal a la espera de una decisión de Tribunal Supremo. El maestro de educación especial fue acusado por la muerte del niño Dylan Díaz Salgado de dos años, hijo de su entonces compañera sentimental. La muerte ocurrió en agosto de 2013. En abril de 2014 un jurado decidió que no era culpable del cargo de asesinato en la modalidad de premeditación, pero sí en la modalidad de maltrato intencional.
Ante esa discrepancia, en enero de 2015 el Tribunal de Apelaciones revocó el veredicto diciendo además que hubo “conducta impropia” del Ministerio Público al argumentar sobre la supuesta orientación sexual del maestro.
El Departamento de Justicia no estuvo de acuerdo con la determinación del Tribunal de Apelaciones y dijo que lo acusaría nuevamente. Pero otra vez ese foro decidió en contra al concluir que no procede un nuevo juicio, porque sería una doble exposición. El Departamento de Justicia reclama que se trata de una acusación distinta. La controversia está ahora ante el Tribunal Supremo.
Ahora sí que tiene que dar cara
Quien una vez fuera un poderoso contable, hoy está a la espera de un segundo juicio en su contra por la muerte del guardia de seguridad Félix Babilonia durante un accidente de tránsito ocurrido en Moca el 30 de junio de 2012.
Lutgardo Acevedo López se zafó de consecuencias graves durante el primer juicio ya que sobornó al fiscal Joseph Esparra y a cambio se comprometió a ayudarlo a obtener un nombramiento de fiscal de distrito en propiedad. También sobornó al entonces juez Manuel Acevedo Hernández para salir bien del caso. Pero las autoridades federales los acusaron a ambos por la movida.
Sigue en veremos apelación de Casellas
El Tribunal Supremo lleva un año con la apelación de Pablo Casellas ante su consideración y la fiscal del caso, Phoebe Isales, espera que este año resuelvan.
Casellas, hijo del juez federal Salvador Casellas, fue declarado culpable por un jurado de matar a su esposa Carmen Paredes en hechos ocurridos el 14 de julio de 2012. La votación del jurado fue 11-1. La defensa de Casellas alega que el veredicto debía ser unánime a la luz del caso conocido como Sánchez Valle, mientras que la fiscalía entiende que no le aplica.
El 2 de febrero las partes se vuelven a reunir en el Tribunal de Bayamón para informar si el Tribunal Supremo ya decidió sobre la controversia y se concede un nuevo juicio.