El juez federal Francisco Besosa denegó una solicitud para que se desestimaran los cargos federales presentados contra el senador Héctor Martínez Maldonado y el ex presidente de Ranger American, Juan Bravo Fernández, por actos de soborno relacionados con programas que reciben fondos federales.

El pasado 17 de septiembre los abogados de defensa de los acusados presentaron 11 mociones para que se archivaran las acusaciones, pero el juez federal sólo le dio paso a una de las solicitudes que impugna una declaración que Bravo le había ofrecido a la Oficina del Fiscal Especial Independiente del Departamento de Justicia sobre el ex senador Jorge de Castro Font y que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) aparentemente utilizó para sustentar su investigación contra el empresario.

En síntesis, las mociones planteaban que las acusaciones contra los imputados deberían ser archivadas bajo el alegato que los derechos fundamentales de ambos fueron violentados en aras de radicar cargos de una manera apresurada y sin tomar en consideración todos los elementos del caso. También se levantaron cuestionamientos sobre acuerdos que extendían el término de prescripción de los cargos, pero el juez concluyó que éstos habían sido aprobados por la Fiscalía Federal y los abogados de defensa mediante acuerdos firmados.

El pasado 22 de junio, el senador y el empresario fueron acusados por un Gran Jurado federal por un esquema de sobornos a través de dos proyectos de ley que presuntamente favorecían la empresa de Ranger American. Las acusaciones se fundamentaron en el testimonio de De Castro Font.

Pero la opinión del juez ahora sienta las bases para la celebración de una vista en que la Fiscalía Federal tendrá que probar que su caso contra Bravo no se fundamenta en la declaración que él ofreció al FEI bajo un acuerdo de inmunidad. “Su testimonio y la información que usted provea, y la que provenga de la misma, no podrá ser utilizada en contra suya para iniciar una acción legal por los crímenes que podrían haberse cometido según su testimonio ni podrán ser referidos al Departamento de Justicia de Puerto Rico ni a las autoridades federales”, decía el acuerdo que había firmado el empresario.

El pasado 8 de junio, el FEI entregó al FBI la copia del acuerdo y las notas tomadas durante la declaración del empresario. “Los agentes del FBI notificaron a la Fiscalía Federal de los documentos que habían recibido. Ya que Bravo ha podido satisfacer el peso de la prueba ahora el Gobierno tendrá que demostrar que la evidencia presentada al gran jurado, que resultó en una acusación contra Bravo, no surgió, directa o indirectamente, de los testimonios ofrecidos por Bravo al FEI bajo inmunidad”, sostiene la opinión del juez.