No lo hicieron por tres años.

La Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la directora de la División de Delitos Económicos, Lourdes Acevedo, notificaron que se radicaron un total de 80 cargos del Código de Rentas Internas de Puerto Rico contra corporaciones y dueños de dos restaurantes por no remitir el Impuesto de Venta y Uso (IVU), dejando de reportar $625,047 en ingresos.

Las corporaciones acusadas son BC Food Services, Inc., BC 2 Food Services, Inc., Sabor Isleño, CL-LLC y Mercedes Food Services, Inc. Sus directivos son Miguel Mercedes Lantigua, Miguel Mercedes Salomón, Isaías Mercedes Salomón, y Keren Mercedes Salomón.

Según Justicia, la investigación reflejó que estas corporaciones operaban los conocidos  restaurantes Bebo’s Café de la calle Loíza, Bebo’s Café del centro comercial Galería Los Paseos, Basilias de la calle Loíza y Basilias de Isla Verde. Las corporaciones, junto con sus directivos, dejaron de remitir el Impuesto Sobre la Venta y Uso entre 2013 y 2016. Estas corporaciones dejaron de presentar distintas planillas de contribuciones sobre ingreso corporativas y ciertas planillas del IVU.

Durante ese periodo de tiempo, según Vázquez Garced, retuvieron y no remitieron al Departamento de Hacienda $625,047 en contribuciones que ilegalmente le han dejado de pagar al pueblo de Puerto Rico.  Esa cifra, junto a los intereses y las penalidades podría ascender a $1,200,000, aproximadamente.

La fiscal Leilani Dominicci Vázquez, de la División Delitos Económicos, quien investigó junto con el agente Pérez del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, radicó 10 cargos contra cada uno de los imputados por Dejar de Recaudar y Entregar en Pago la Contribución, o Intentar Derrotar o Evadir la Contribución (Sección 6030.12 del Código de Rentas Internas de 2011), Dejar de Rendir la Planilla de IVU (6030.11 (d) del Código de Rentas Internas de 2011) y Contribuciones Sobre Ingresos (6030.11 (d) del Código de Rentas Internas de 2011).

El juez Edgar Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto e impuso una fianza global de $40,000. La vista preliminar fue citada para el 4 de diciembre.

Los imputados se exponen a una pena fija de ocho años y un día en prisión por cada uno de los cargos, según se indicó.

La investigación comenzó gracias al Acuerdo de Colaboración entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia. 

“El Departamento de Justicia y la División de Delitos Económicos continúa trabajando arduamente para identificar, investigar y procesar a todo aquel que evada su responsabilidad y retenga dinero que le corresponde al pueblo de Puerto Rico. Se hace un llamado a los comercios al cumplimiento estricto con su responsabilidad contributiva y al pago del impuesto de venta y uso, quien no cumpla será identificado y procesado. Justicia trabaja en conjunto y como parte de un acuerdo de colaboración con el Departamento de Hacienda que incluye la investigación e identificación de infractores de su responsabilidad, además del destaque de fiscales dedicados a estos casos para poder llevar a estas corporaciones y a estas personas ante la justicia”, sentenció Vázquez Garced en declaraciones escritas.

“No remitir el IVU al Departamento de Hacienda es un delito. La evasión afecta nuestra economía, le roba a nuestra gente y no le hace justicia a quienes cumplen con su obligación contributiva. Como Secretaria de Hacienda, pondré a la disposición del Departamento de Justicia todas las herramientas para que se hagan cumplir nuestras leyes”, indicó la Secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes en el escrito.