Un consejero profesional clínico fue arrestado por supuestamente practicar la profesión de la psicología sin estar debidamente autorizado por la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico.

Contra Luis F. González Colón se radicaron cargos criminales en el Tribunal de Caguas por infracción al Artículo 21 de la Ley 96.

La jueza Lourdes Adrishne Robles determinó causa para arresto contra el residente de Caguas y le impuso una fianza de $10,000, la cual prestó.

Según las autoridades, González Colón practicaba la profesión de psicólogo desde el 2008 sin autorización y, como parte de su práctica, cobraba $4,000 a las personas por sus servicios.

La Policía pidió a la gente que “si fue víctima de fraude por esta persona, favor comunicarse al (787)744-7252, extensión 4136, a la División de Propiedad de la Región de Caguas con el agente Néstor Mercado”.

No es el único

Pero, la abogada de González Colón, Evelyn Aimée de Jesús, alegó que su cliente jamás ha dicho que es psicólogo, sino consejero profesional clínico y traumatólogo certificado.

Al preguntársele sobre la diferencia entre una profesión y la otra, De Jesús destacó que la Junta Examinadora de Psicólogos no ha establecido parámetros de hasta dónde puede llegar un consejero, pero que puede entrar en facetas de tratamiento como los psicólogos.

“Como consejero profesional, González Colón tiene competencias encomiables dentro de su disciplina y es muy querido y respetado por sus colegas. Éste ha fungido por años como portavoz para elevar la consejería profesional a estándares de excelencia”, dijo la abogada, quien recalcó que él tiene un programa televisivo y escribió el libro El perito psicológico forense, Posee, además un doctorado en consejería pastoral y una maestría en consejería psicológica.

La abogada confesó que su cliente ha tomado el examen de psicología, pero no lo ha aprobado.

Aseguró que no es el único consejero que va como perito a los tribunales en casos de custodia, violencia doméstica y maltrato de menores, entre otros.

De Jesús destacó que el año pasado la Junta le llamó la atención y ella fue a representarlo, pero dijo que la vista fue “cordial y amistosa” y llegaron a unos acuerdos para “modificar informes y evaluaciones”, pero “un año después vienen con esto”. “Él es una persona que se ha ganado la confianza de sus pacientes. Es una persecución selectiva”, agregó la abogada, quien comparó la situación como la que tienen otras profesiones, como los optómetras y los oftalmólogos.

“No es justo utilizar la vía criminal para exigir la devolución de honorarios de unos servicios prestados y que los miembros de la Junta de Psicólogos se presten para ello como medida de desquite cuando Puerto Rico tiene una necesidad crítica de acceso a servicios de salud mental”, criticó De Jesús.