El próximo año comenzará la vista preliminar que se sigue contra el catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Molinelli Freytes, debido a una situación de salud de uno de los testigos en este caso.

Así lo informó hoy en la tarde el juez Enrique Silva Avilés, del Tribunal de San Juan.

La vista preliminar estaba pautada para comenzar en la tarde y continuar los días 3 y 7 diciembre próximo, pero una situación de salud con Ángel Cocero Cordero obligó al magistrado a dejar sin efecto la fecha del 3 de diciembre y convertir la fecha del 7 en una vista para el estado de los procedimientos.

Ese día se escogerán las nuevas fechas, pero ante la cargada agenda de trabajo del abogado de la defensa Harry Anduze Montaño, el magistrado anticipó que el procedimiento empezará en dos o tres meses.

Aunque no comenzó el desfile de testigo, Anduze Montaño y los fiscal Martín Ramos Junquera y Francisco Sánchez Rodríguez estipularon varios documentos como el certificado de incorporación de la firma GeoSistemas de Molinelli y varias certificaciones de la Oficina de Recursos Humanos del Recinto de Río Piedras de la UPR, donde labora el profesor.

Contra el geomorfólogo pesa un cargo por el artículo 201 del Código Penal por apropiación de servicios públicos para uso personal y un cargo de violación al artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental que impide a un empleado público utilizar sus deberes y facultades para obtener beneficios y privilegios prohibidos por ley.

Previamente, el fiscal Ramos Junquera había indicado a este medio que se sentarían a declarar cuatro testigos, que incluyen a dos exempleados de Geosistemas, la compañía de servicios profesionales del profesor; un exempleado de la UPR y subalterno del Molinelli Freytes cuando dirigió el Departamento de Ciencias Ambientales, y el arquitecto Cocero Cordero, quien contrató la firma del catedrático para un trabajo relacionado a al programa de las Comunidades Especiales.

Los cargos contra Molinelli Freytes no se limitan al trabajo que hizo para el programa de las Comunidades Especiales, sino que se extienden a los servicios que el catedrático ofreció a través de su compañía Geosistemas a diversos municipios y agencias utilizando las facilidades y un empleado de la UPR. Los alegados hechos ocurrieron entre 2002 y 2005.

Según el fiscal Ramos Junquera, la evidencia demuestra que cuando Molinelli Freytes dirigió el Departamento de Ciencias Ambientales utilizó un empleado suyo para realizar trabajos para su compañía privada en el horario de trabajo de la UPR.

 En la sala 605, el catedrático lució más relajado que en ocasiones previas. Como de costumbre, observó con atención el breve proceso, mientras en el salón un grupo de estudiantes de periodismo de la UPR seguía los trabajos como parte de una clase de redacción.

El profesor no realizó expresiones a su salida de sala, pero en ocasiones previas su abogado ha reiterado su inocencia y ha insistido en que no existe evidencia para sostener los cargos que se le imputan a su cliente.

Diversos sectores han repudiado la acusación contra Molinelli Freytes y otros empleados públicos que colaboraron con la administración de la entonces gobernadora Sila M. Calderón, porque entienden que se trata de cargos motivados por presiones político-partidistas.

Recientemente, la jueza Laura Lis López Roche no encontró causa para juicio contra Luz Nereida Laboy Santos, exayudante de la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales por tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Además, la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) exoneró a la coordinadora general de la Oficina de Comunidades Especiales, Linda Colón, y al reelecto alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, acusados por alegadas irregularidades en el proyecto.

En su informe final el FEI, afirmó que “luego de haber examinado en forma objetiva la evidencia recopilada, entendemos que la redacción del informe del Departamento de Justicia puede tener el efecto de tratar de inducir a error al lector, al exponer conclusiones incorrectas”.

El informe en cuestión fue firmado por el fiscal Sánchez Rodríguez y validado por el secretario de Justicia, Guillermo Somoza.