Ocurre una y otra vez. Un alcalde o un funcionario otorga a un empresario contratos valorados en cientos de miles de dólares para un proyecto como un parque, cancha, aceras o instalar unos teléfonos. El problema es que se trata de una selección que se presta al fraude porque se ignora la obligación legal de  una subasta pública.

“Es una manera fácil de darle dinero (público) a tus amigos y que te den dinero para atrás”, expresó en entrevista con PRIMERAHORA.COM la contralora Yesmín M. Valdivieso.

¿Cuál es la ilegalidad? Diversas leyes y reglamentos –por ejemplo, la Ley de Municipios Autónomos de 1991- obliga a los funcionarios a realizar subastas públicas cuando se hacen inversiones con fondos públicos como comprar suministros o realizar obras de infraestructura. Pero, no hay que celebrar subastas cuando se trata de cuantías menores de ciertos topes, como en el caso de los municipios las de infraestructura por $200,000.  Entonces, hay muchos proyectos que se “fragmentan”, como, por ejemplo, el techo de una cancha es un contrato de $190,000 y las gradas son otro contrato por $150,000. Al dividir el proyecto en varios contratos, se evita el requisito de pública subasta, que obliga a que se seleccione el mejor postor.

“Está prohibida la práctica de fraccionar las compras u obras a uno o más proveedores con el propósito de evitar exceder los límites fijados por ley, y así obviar el procedimiento de subasta pública”, se señala en informes del Contralor que critican el "fraccionamiento de obras" o de contratos.

Según el pliego acusatorio, la empresa recibió $482,208.42 de fondos públicos de la Cámara, esto mediante varios contratos –uno fue por $149,900, otro por $37,205, y otro por $94,500- y una mensualidad de $13,500. 

Ninguno de los contratos rebasó la cuantía de $195,000. Un examen al reglamento de subastas en la página de Internet de la Cámara evidencia que esto permitía no celebrar pública subasta para otorgar este proyecto.

Común el fraccionamiento de contratos

Pero el caso de fraccionamiento de contratos de Hernández Pérez no es el único que ha impactado recientemente en la opinión pública. En abril pasado, una auditoría de la oficina del Contralor detectó que en Bayamón hubo obras de construcción y reparación de aceras, encintados o caminos municipales por un costo total de $1.7 millones sin que se celebrara subasta pública alguna.

"De enero a diciembre de 2009, se fraccionaron en 20 contratos, otorgados a 9 contratistas, la construcción y la reconstrucción de aceras y encintados, y las mejoras de caminos municipales por $1,718,590. Con esto, se incumplió con el requisito de celebrar subasta pública, ya que el costo individual de los contratos no excedía de $100,000", lee la página 10 del informe del contralor sobre Bayamón de marzo de 2014.

Aunque la cuantía en cuestión es una de las más altas detectadas en una revisión de este medio a través de Internet, Bayamón no es el único. Hubo irregularidades similares en Juncos, Yauco, Gurabo, Yabucoa, San Lorenzo, Ponce, Arroyo, y Adjuntas.

Algunas prácticas de fraccionamiento de contratos han llegado a los tribunales. El pasado 14 de agosto, producto de un informe originado por la Oficina del Contralor y la labor subsiguiente de fiscales del Departamento de Justicia, un juez declaró causa para arresto contra cinco empleados del Capitolio y dos funcionarios por fraude en las contrataciones de la superintendencia del Capitolio. Los casos están actualmente en diferentes etapas procesales en los tribunales.

Aquí hubo 141 órdenes concentradas entre 2010 y 2012 en la Superintendencia del Capitolio cada una por menos de $50,000 que evitaron cumplir con el reglamento para contrataciones que obliga a subastas después de esa cantidad, según se informó. El gasto sin subastas públicas ascendió a $2.9 millones en fondos públicos.

Habla la contralora

En entrevista con este medio previa a la acusación federal, la contralora Valdivieso discutió la práctica de fragmentación de contratos pero sin discutir ningún caso en específico, cónsono con la política de la oficina de no divulgar públicamente los nombres de las empresas y sujetos señaladas en sus informes.

La contralora Valdivieso describió el “fraccionamiento de contratos” o “fraccionamiento de obras” como una de las formas más comunes de corrupción en Puerto Rico. 

“Es una práctica demasiado común”, dijo Valdivieso en entrevista telefónica. “La fragmentación de contratos es una manera fácil de cometer fraude”, añadió.

La contralora aclaró que no necesariamente un señalamiento del Contralor implica la comisión de un delito o una ilegalidad y dijo que el funcionario señalado puede refutar estas alegaciones. Recae en otras agencias la decisión de si efectivamente hubo una violación de ley, como el Departamento de Justicia o la Oficina de Ética Gubernamental, aunque -dijo Valdivies- a veces están cortos de recursos para perseguir esta práctica. 

“El Departamento de Justicia no tiene los recursos que necesita, Ética (Gubernamental) tampoco”, señaló la contralora.

Asimismo, los alcaldes suelen ignorar los señalamientos de su oficina sobre lo indebido de fraccionar obras. “Le llamamos la atención, pero lo siguen haciendo”, lamentó.

Curiosamente, a pesar de los muchos casos detectados en años recientes, la contralora dice que ha habido una baja en los señalamientos por este tipo de acción. Pero esto no se trata a un mayor entendimiento de los alcaldes, sino que en el 2009 –con el aval de los senadores de los dos partidos principales y con solo cuatro representantes populares votando en contra- se enmendó la ley de Municipios Autónomos para aumentar de $100,000 a $200,000 la cuantía máxima de los contratos que un municipio podía otorgar sin ir a subasta pública.

“En el pasado la práctica era más común, pero es que enmendaron la ley (para aumentar la cuantía). Y cuando pregunté por esa enmienda, así mismo me dijeron: ‘Para que no nos esté señalando tanto’”, explicó la contralora.

Valdivieso reconoce que la celebración de una subasta pública complica los procesos de contratación y a veces puede darse la instancia que el mejor postor no es el contratista ideal (porque se tarda más que otros), pero aun así la celebración de estas subastas son el mejor camino para proteger las finanzas públicas. 

“Tenemos que recordar que estamos hablando de fondos públicos y para mantener la transparencia en la contratación qué mejor forma que las subastas públicas”, indicó.

Algunos casos por municipio

Yauco – Según un informe del Contralor del 16 de septiembre de 2014 se construyó un parque urbano a un costo de $695,972 mediante la adjudicación de siete contratos a cinco contratistas diferentes entre marzo y junio de 2010. “Contrario a la ley, se fraccionó el costo de la obra y no se celebró subasta pública, ya que, individualmente, ninguno de los contratos sobrepasó el límite de $200,00”, sostiene el informe.

San Lorenzo - En el caso del parque de Hacienda Florida -proyecto que se extiende desde octubre de 2008 a septiembre de 2010- el Municipio fracciona la obra en tres contratos montantes a $199,880, pero al 5 de junio de 2009, ya se habían realizado labores montantes a $149,880 (previo a la enmienda que subía el límite a $200,000).

“El contratista al que se le adjudicaron los trabajos le declaró a nuestros auditores que a solicitud del funcionario preparó una cotización para la construcción completa del parque recreativo por aproximadamente $200,000. Que acordó con dicho funcionario hacer el proyecto y fraccionar los costos del mismo para evitar el proceso de subasta formal y que a solicitud del funcionario, preparó los tres estimados que se utilizaron para adjudicar los contratos”, se consigna en el Informe del Contralor.

Yabucoa - Una auditoría para mayo de 2010 encontró irregularidades en sus operaciones fiscales, que incluye el fraccionamiento del costo de obras que incumplen con el requisito de celebrar subasta pública.

Juncos – Una auditoría de junio de 2015 evidencia fraccionamiento de obras  al formalizarse 11 contratos con nueve contratistas para la construcción de siete muros de contención por $394,000, y cuatro proyectos de rehabilitación de viviendas por $272,000 en diciembre de 2010. De esta manera se obvió la celebración de subasta pública ya que el costo inicial de los proyectos no excedía de $200,000.

Arroyo – Un informe de mayo de 2014 indica que la remodelación del parque de pelota del barrio Palmas, ascendente a $449,150, se dividió en tres contratos, dos por poco más de $195,000, cuando el límite para que una obra vaya a subasta es $200,000.

Fajardo - Una auditoría de mayo pasado indica que de julio a agosto de 2010, el alcalde otorgó dos contratos y una enmienda con un contratista por $166,283 para los servicios de lavado, remoción de propagandas y pintura de postes, en vallas de seguridad, muros y en dos puentes. “Nuestro examen reveló que se fraccionó el costo de los servicios, por lo que se incumplió con el requisito de celebrar subasta pública”, se indicó.

Gurabo - Un informe de 2012 indica que de septiembre de 2006 a junio de 2008, el alcalde otorgó 30 contratos por $2,462,438 a cinco contratistas para la construcción y las mejoras de instalaciones públicas y recreativas, y una escuela. Las obras se fraccionaron en más de un contrato, que fluctuaban de $9,959 a $99,999, por su clasificación, justo un dólar por debajo del límite de la ley de la época de $100,000.

Ponce - Un informe de abril de 2015 reveló que la remodelación y la construcción de baños en el Complejo Recreativo y Cultural La Guancha que totalizaban unos $220,919 se fraccionaron en dos contratos, uno para la remodelación ($164,900) y otro construcción ($56,019) de baños, con lo que se obvió el requisito de celebrar subasta pública, ya que el costo individual de los dos contratos excedía de $200,000.

Adjuntas - Un informe de 2012 señala que se fraccionó en cuatro contratos otorgados a dos contratistas, para la construcción de mejoras a la Escuela José Julián Acosta por $280,409. Con esto, se incumplió con el requisito de celebrar subasta pública, ya que el costo individual de los contratos no excedía de $100,000.