La jueza Geisa M. Marrero Martínez, del Tribunal de Carolina, determinó este martes causa para arresto por los delitos de agresión sexual, amenaza y extorsión, contra el policía José R. Delgado Ubiles, de 45 años, quien estaba adscrito al Precinto de Canóvanas.

Por recomendación de su abogado se allanó a la determinación de causa y quedó en libertad tras prestar una fianza de $70,000, bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete electrónico.

Los hechos que se le imputan ocurrieron entre el 12 de septiembre de 2025 y hasta el 18 de febrero de este año, contra una joven de 21 años, conocida de él.

La fiscal Raiza Oliver Rodríguez presentó un total de 8 denuncias contra Delgado Ubiles.

Según la investigación de la agente Elizabeth Rodríguez, y del Ministerio Público, en diferentes lugares de la jurisdicción de Carolina, entre ellos la zona de Piñones en Loíza, fueron cometidos los delitos.

Para estas fechas, el imputado mediante amenazas e intimidación, sostuvo relaciones sexuales con la perjudicada en dos ocasiones, informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

Las amenazas consistieron en advertencias del hombre de que se procedería a radicar cargos criminales en contra de la víctima y de miembros de su familia, lo cual coartó su voluntad y consentimiento, en un patrón de coacción que se mantuvo desde septiembre 2025 hasta febrero 2026.

Suspensión sumaria

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, reveló que el agente se expone a una suspensión sumaria de empleo y sueldo, debido a la magnitud de los cargos que enfrenta.

“Tras la determinación de causa para arresto contra el policía José R. Delgado Ubiles por cargos de agresión sexual, amenaza y extorsión, la Oficina de Asistencia Legal de la Policía de Puerto Rico está trabajando con el correspondiente informe que recomienda su suspensión sumaria, la cual estaré firmando inmediatamente llegue a mi escritorio”, indicó el funcionario en declaraciones escritas.

Se reafirmó en su política de cero tolerancia a cualquier conducta que “traicione la confianza del pueblo o que sea incompatible con el deber de proteger y servir”.

“Este tipo de comportamiento no representa los valores ni el compromiso de la gran mayoría de nuestros hombres y mujeres, quienes diariamente realizan su labor con integridad, responsabilidad y vocación de servicio. Estos casos son la excepción, no la norma, y serán atendidos con toda la seriedad y firmeza que corresponde”, finalizó.