La jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró este viernes causa para juicio contra la mujer que le ocasionó daños a un cristal de una oficina del Departamento de Salud durante una manifestación.

La jueza superior le impuso una fianza de $4,000 contra Arlene Román Amador, de 55 años, la cual logró prestar a través de un fiador privado, confirmó la portavoz de Salud, Lisdián Acevedo, a Primera Hora.

Román Amador enfrenta un cargo grave por violar el Artículo 199 del Código Penal de Puerto Rico, que tipifica como delito el causarle daños a bienes inmuebles pertenecientes al gobierno.

Según informó la agencia, los hechos quedaron grabados en cámara y dichas grabaciones serán presentadas en el tribunal como evidencia de la comisión de delito.

“El Departamento de Salud respeta el derecho de las personas a protestar, pero no toleraremos el vandalismo a la propiedad pública. Mucho menos agresiones contra los empleados o los oficiales de ley y orden. Para garantizar que quienes violen la ley sean procesados, la seguridad privada y los oficiales de la Oficina de Investigaciones trabajarán junto a la Policía de Puerto Rico para denunciar a quienes incumplan la ley. Podemos diferir, pero con respeto”, insistió el secretario de Salud, Carlos Mellado López, en declaraciones escritas.

“La libertad de expresión son valores protegidos por la Constitución y, en nuestra obligación de garantizar ese derecho, se designó un lugar para que los manifestantes puedan expresarse lejos de las oficinas y el laboratorio de salud pública en donde se trabaja con mucha precisión”, agregó el titular.

Según se supo, desde el lunes, un grupo de manifestantes se encontraban frente a las Oficinas de Salud localizadas por los predios de Centro Médico en Río Piedras, protestando contra el uso de las mascarillas y la vacunación obligatoria contra el COVID-19, evento donde ocurrió el incidente del que se le acusa a la manifestante.

El caso fue presentado por la fiscal Deborah Rodríguez. La investigación fue realizada por la oficial Moraima Cruz Delgado de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud junto al agente Ricardo Reyes del Negociado de la Policía de Puerto Rico.