La fiscal especial independiente, Luz Ivette Borges, aseguró hoy, miércoles, que todavía continúan las conversaciones sobre un posible acuerdo con la representación legal del exrepresentante José Luis Rivera Guerra.

“Estamos muy cercanos a un acuerdo”, afirmó la fiscal a su salida de la sala 606 del Tribunal de San Juan.

Se le preguntó si los detalles se divulgarán en el próximo señalamiento, el próximo 4 de marzo.

"Correcto ese es el propósito”, respondió Burgos.

La fiscal restó importancia a la decisión de Rivera Guerra de reforzar su defensa. Hoy, el licenciado Iván de Luis Miranda se unió al abogado José Rolando Santiago para representar al exrepresentante.

“El que se haya incluido un abogado no nos representa nada. Solamente, de que él está preocupado por su caso”, indicó la fiscal.

Burgos no ofreció detalles sobre el acuerdo. Solo reveló que se ha reunido con el licenciado Santiago para discutir el asunto y que se reunirá con Miranda el próximo 8 de febrero para discutir el caso.

Sin embargo, el derrotado político y el licenciado Miranda se mostraron sorprendidos con una pregunta sobre el estado de la posible negociación.

“Esa información yo la desconocía. Yo entré al caso y no sabía de la posibilidad de un acuerdo aún. Todavía lo que estamos es preparándonos ambas partes para ventilar el caso en las fechas establecidas”, afirmó Miranda.

Minutos antes, a su llegada al recinto, Rivera Guerra indicó que desconocía sobre un posible acuerdo pese a que en la vista pasada se mencionó el asunto y la jueza Laura Lis López Roche concedió tiempo a las partes para dialogar sobre un posible acuerdo.

Durante la audiencia de esta tarde, Miranda anunció que se unía a la representación legal de Rivera Guerra. Luego, junto a la fiscal, se acercó brevemente al estrado de la togada para conversar fuera de récord.

En una audiencia previa, las partes habían acordado celebrar la vista preliminar los días 4 y 6 de marzo a las 2:00 p.m. de no materializarse el acuerdo.

Contra Rivera Guerra pesan dos cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental por omitir información en los informes financieros que debía someter como legislador y un cargo por una violación a la Ley para la Reforma de Permisos por utilizar como su residencia una propiedad que no tiene un permiso de uso.

Por las violaciones a la Ley de Ética, Rivera Guerra se expone a un año de cárcel o una multa de $2,000 por cada cargo. En el caso de la violación a la Ley para la Reforma de Permisos, se expone a 180 días de cárcel o $10,000 de multa.