El Departamento de la Familia (DF) ordenó el cierre de Hogar Emmanuel, en el barrio Hato Arriba, en Arecibo, que operaba sin la licencia correspondiente.

Personal de la agencia indicó que se encuentra en proceso de reubicación de los nueve residentes privados que permanecían en el lugar, procurando que cada uno sea trasladado a un entorno seguro y adecuado a sus necesidades, en coordinación con sus familiares.

La intervención forma parte de un esfuerzo más amplio que impulsa el Departamento para fortalecer la fiscalización y garantizar que todos los hogares de cuidado prolongado operen en estricto cumplimiento con la ley, según informó la agencia en un comunicado de prensa.

Como parte de ese esfuerzo, el Departamento da seguimiento a la implantación de un amplio plan de fortalecimiento para el Área de Licenciamiento, el cual incluye acciones inmediatas y proyectos de mediano y largo plazo dirigidos a modernizar los procesos, aumentar la capacidad de supervisión, optimizar el uso de tecnología y reforzar la coordinación con otras agencias gubernamentales.

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, agradeció la colaboración de las personas que denuncian estos casos de maltrato, negligencia o de hogares que operan al márgen de la ley ya que su diligencia les permite actuar con rapidez para proteger a los adultos mayores.

“Nuestra prioridad es proteger a las personas adultas mayores. Cada intervención que realizamos responde al compromiso de garantizar que los hogares operen conforme a la ley y ofrezcan un ambiente seguro y digno. A la vez, continuamos fortaleciendo nuestras herramientas de supervisión para contar con procesos más ágiles, modernos y efectivos“, sostuvo la funcionaria mediante declaraciones escritas.

A su vez, le hizo un llamado a las familias para que, antes de ubicar a un ser querido en un hogar, verifiquen que cuente con su licencia al día, soliciten referencias, observen las condiciones del lugar y los visiten con frecuencia.

“La protección y el bienestar de nuestros adultos mayores es una responsabilidad compartida entre el Gobierno, las familias y la comunidad”, concluyó Roig Fuertes.

El Departamento reiteró que continuará reforzando las labores de inspección y fiscalización como parte de este plan permanente para elevar los estándares de calidad y proteger los derechos, la salud y la dignidad de las personas adultas mayores en Puerto Rico.

Entre las principales iniciativas se encuentran:

  • Implementación de un proceso uniforme para la emisión, notificación y cobro efectivo de multas administrativas.
  • Actualización del sistema SULME para fortalecer el seguimiento a las visitas e inspecciones.
  • Programa permanente de capacitación para oficiales de licenciamiento en investigación, manejo de conflictos, redacción de informes, comparecencias administrativas y prevención de la fatiga por compasión.
  • Sistema interno de clasificación de riesgo para priorizar la supervisión de hogares con mayores incumplimientos.
  • Evaluación de los requisitos de educación continua para administradores y operadores.
  • Formalización de acuerdos colaborativos con el Departamento de Salud, la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), el Negociado del Cuerpo de Bomberos y el Negociado para el Manejo de Emergencias.
  • Revisión del reglamento de licenciamiento para uniformar criterios de inspección y protocolos de intervención, entre otras iniciativas.