Los dos cooperadores de la Fiscalía federal en el caso criminal que logró la primera convicción de un gobernador de Puerto Rico, la de Wanda Vázquez Garced, fueron citados a comparecer a una vista judicial que se realizará este próximo 16 de diciembre.

Se trata de Frances Díaz, quien presidía el banco del convicto coacusado Julio Herrera Velutini, así como John Blakeman, quien era asesor político de la exgobernadora.

La vista se realizará ante el juez senior de la corte federal en la Isla, Francisco Besosa.

En la citación, no se expone la razón por la que se realizará la vista. Ni siquiera fue solicitada por las partes, según trasciende del expediente federal.

No se trata de la sentencia de Díaz y Blakeman, quienes se declararon culpables tras alcanzar acuerdos de cooperación con la Fiscalía federal para encausar a Vázquez Garced, Herrera Velutini y el exagente federal, Mark Rossini.

Díaz y Blakeman no llegaron a declarar en contra de los coacusados, ya que todos lograron un acuerdo de culpabilidad y se declararon culpable en agosto pasado por violación a un artículo menos grave de las leyes electorales de los Estados Unidos.

Díaz y Blakeman, en cambio, se declararon culpable de un cargo grave de conspiración para cometer sobornos y comisiones ilegales con fondos federales.

Según ha trascendido, por el delito menos grave la exgobernadora se expone a un año en prisión. Mientras, los cooperadores se exponen a una pena de cinco años en prisión, aunque el acuerdo expone que la Fiscalía federal pudiese solicitar una pena menor al momento de la sentencia.

Este caso federal contra la exgobernadora data de agosto de 2022.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

La acusación no llegó a juicio, dado a que la exmandataria, Herrera Velutini y Rossini se declararon culpables por una violación a leyes electorales. Específicamente, se le imputó haber violado el Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.