La defensa de Mark Rossini y Julio Herrera Velutini, ambos acusados de soborno en la esfera federal en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, solicitaron anoche una audiencia probatoria para entender qué hizo el Ministerio Público con algunos documentos incautados y, así, elaborar un remedio adecuado, como la desestimación de la investigación y acusación.

Y es que, para revisar documentación privilegiada, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos establece un equipo de filtración para que revise documentación incautada electrónicamente. Este grupo eliminará documentos que “esté potencialmente protegido por un privilegio” y está compuesto por miembros de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico y agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI). Empero, estos no deberán investigar y nunca formarán parte del equipo de investigación en el futuro.

Sin embargo, la defensa de ambos acusados adujo que los equipos de filtro han sido “deficientes”, pues presuntamente incluye a miembros que se desempeñan como abogados litigantes con el Ministerio Público.

“El Gobierno ha declarado que uno de los miembros del Equipo Filtro es un supervisor en esa sección se desconoce su relación exacta con otros miembros del Equipo de la Fiscalía”, reza la moción sometida por los abogados Lilly Ann Sánchez, Sonia Torres Pabón, quienes representan a Herrera Velutini, y Lydia Lizarribar y Michael B. Nadler, quienes representan a Rossini.

Además, adujeron que el Gobierno no tomó medidas de filtro “formales” para proteger los materiales privilegiados incautados desde un principio, sino que lo hicieron como “una ocurrencia tardía después de que la investigación había concluido o estaba muy avanzada, las decisiones de acusación se estaban haciendo y cuando el Gobierno estaba planeando las futuras producciones de descubrimiento para este caso”. Esto, según la defensa, permitió “hurgar sin restricciones en sus datos de teléfonos y correos electrónicos”.

“No se debe dar al Gobierno ninguna presunción de corrección o buena fe, debe llevarse a cabo una audiencia probatoria para determinar cómo se llevó a cabo esta revisión”, reiteraron.

Por otro lado, el equipo legal de los imputados resaltó que el Gobierno “claramente ha revisado y utilizado” material privilegiado durante la investigación, mostrando como ejemplo el uso de las copias de seguridad de iCloud para fundamentar sus órdenes de allanamientos.

“Del descubrimiento provisto hasta la fecha, está claro que el Gobierno revisó y usó materiales privilegiados de los demandados al principio de la investigación y que su proceso del ‘equipo de filtro’ fracasó por completo al permitir que el Gobierno usara y se beneficiara de los materiales protegidos constitucionalmente. Esto por sí solo exige la desestimación del caso y, como mínimo, la recusación de los equipos de acusación e investigación”, repitieron.

“El daño hecho por la mera posesión de materiales privilegiados durante dos años por el Gobierno no se puede cuantificar. La violación del gobierno a los derechos constitucionales de los Demandados les ha otorgado una ventaja pronunciada en el desarrollo de este caso”, agregaron.

Asimismo, denunciaron que el único criterio que estableció el Gobierno para segregar material privilegiado de la defensa es si sospechaban que, alguna vez, representaron a los demandados o a Bancrédito International Bank & Trust Corporation, cuyo dueño era Herrera Velutini.

“El Gobierno ni siquiera se había molestado en pedir a los demandados una lista de abogados después de la acusación. Este criterio extremadamente estrecho deja fuera una gran cantidad de materiales privilegiados que la Fiscalía ahora posee y que han sido utilizados en la investigación en violación de los derechos constitucionales de los acusados”, lee la moción.

Posterior a esta moción, la defensa de los acusados había solicitado una vista de emergencia para que se detenga la revisión de conversaciones entre ellos y los imputados en mensajes de texto y correos electrónicos que fueron allanadas por las autoridades como parte de la pesquisa criminal.

“Esta Honorable Corte no debe tomar la Gobierno en su palabra, y debe llevar a cabo una audiencia probatoria para entender qué hizo Gobierno con los documentos privilegiados que incautó y para elaborar un remedio adecuado, incluyendo la recusación del Equipo de Investigación y Acusación”, señalaron.

Más allá de esto, la moción también alega que el Gobierno ha distorsionado la cronología de acontecimientos, pues sostiene que el caso no comenzó en 2019, sino con una investigación criminal en el 2017 en el banco. La defensa también acusó a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de “procedimientos administrativos dilatorios y abusivos” bajo la supuesta dirección del FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

“No se presentaron cargos en ese momento, porque no había absolutamente ninguna evidencia de irregularidades. Sin inmutarse, el Gobierno buscó activamente reclutar funcionarios bancarios y reguladores, consultores externos y otros, a través de tácticas altamente cuestionables y escandalosamente coercitivas, para construir un supuesto caso de soborno. En resumen, el Gobierno orquestó su acusación de ‘soborno’ aprovechando la información de una investigación anterior fallida. Cuando se ejecutaron las órdenes de allanamiento de 2020/2021, los agentes y abogados del gobierno sabían ampliamente que los funcionarios bancarios, como el Sr. Herrera-Velutini, se comunicaban con los abogados con respecto a cualquier responsabilidad de su parte o del banco”, mantuvieron.