El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, afirmó hoy que la División de Delitos Sexuales de Caguas inició la investigación de la querella por presuntos actos lascivos contra el niño Jeiden Elier Santiago Figueroa de 8 años, quien murió el lunes a causa de un severo trauma corporal, reveló el Instituto de Ciencias Forenses.

El funcionario solo pudo confirmar que al día siguiente del referido unos agentes llevaron al Instituto de Ciencias Forenses el “rape kit” un examen forense de asalto sexual, para conservar posible evidencia de ADN, pero desconocía datos sobre el desarrollo de la pesquisa o si la misma se quedó estancada en espera de estos resultados, que toman tiempo en ser procesados.

“Hay evidencia de que se comenzó a investigar. El 7 junio se comenzó la investigación se llevó el ‘rape kit’ a Forense, yo solicité que se verificara el expediente para ver cómo va la investigación”, comentó López Figueroa, quien se encontraba en espera de información actualizada sobre el caso.

La querella por actos lascivos se radicó el 6 de junio a la 1:46 p.m. mientras el padre y el niño estaban en el Hospital Menonita en Caguas, para ser examinado ante estas alegaciones. En el hospital se siguió con el protocolo en estos casos notificando tanto al Negociado de la Policía como al Departamento de la Familia para que iniciara una investigación como es de rigor.

El niño presuntamente le reveló a su padre biológico, Jonathan Santiago Cortés, de 27 años, durante una visita a su hogar que era víctima de actos lascivos de parte de un familiar materno, por lo que decidió llevarlo al hospital. El menor quedó bajo su custodia de manera provisional y a pesar de los intentos de la progenitora no pudo recuperar a su hijo.

El 8 de junio, La jueza María Rojas Delgado, del Tribunal de Caguas, emitió una orden de protección para el niño bajo el amparo de la Ley de Protección de Víctimas de Violencia Sexual, que le impedía tener el contacto con su madre, sus abuelos y otros familiares.

En un proceso relacionado, el 10 de junio la jueza Yaritza Santiago San Antonio expidió una orden de protección exparte bajo la Ley para la Seguridad, Bienestar, y Protección de Menores. El 22 de junio, la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez extendió esa orden con las mismas determinaciones de hecho.

Las circunstancias que rodean el caso son investigadas también por el DF para determinar por qué no se devolvió antes la custodia a la progenitora que estaba ajena a los sucesos, los motivos para que no se entregaran los informes requeridos por el tribunal y las razones que mediaron para que no se detectara el patrón de maltrato del que fue víctima el menor al menos durante dos semanas consecutivas cuando recibió fuertes golpes y quemaduras en su cuerpo, entre otros señalamientos.

El martes fue acusado por cargos de asesinato en su modalidad de maltrato (Artículo 93B) y violación al artículo 59 (maltrato) de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, contra su padre, biológico, Jonathan J. Santiago Cortés, de 27 años. La jueza Rojas Delgado, determinó causa para su arresto y le señaló una fianza de $600,000.00, la cual no prestó.

El mismo día que se esperaba se le devolviera a la mamá la custodia del menor la mujer recibió la desgarradora noticia de su muerte.

Su sepelio se llevó a cabo hoy en el cementerio municipal de Cidra, en medio de reclamos de sus seres queridos de que el sistema falló al momento de evaluar el caso de su niño en las diferentes instancias en las que fue investigado.