La barrera lingüística es un obstáculo que puede perpetuar la violencia doméstica y el aislamiento de una víctima, lo que requiere que las autoridades cuenten con la disponibilidad de intérpretes profesionales.

Estos recursos, de una manera sencilla, deben lograr exponer la versión real de la persona afectada sobre los sucesos ocurridos, de una forma que no se sienta indefensa, ni en una posición de desigualdad frente a su ofensor.

También es necesario que los derechos de la parte ofensora sean protegidos durante la investigación, para garantizar la pureza de los procedimientos.

La directora de la Unidad de Violencia de Género de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales y coordinadora de las divisiones de Violencia Doméstica, la capitán Aimée M. Alvarado Cardona, expuso en entrevista con Primera Hora que, hace alrededor de un año, tras la separación de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP), se le asignó a su oficina la encomienda de coordinar estos servicios, que son contratados a la compañía National Interpreters Puerto Rico.

A pesar de que no cuentan con estadísticas amplias sobre este servicio, desde abril de 2025 al presente, unos 15 casos han requerido intérpretes de inglés a español y ocho ciudadanos sordos necesitaron el servicio de lenguaje de señas. La mayoría de las incidencias han sido por violencia doméstica y una menor cantidad por delitos sexuales.

Estos casos se reportaron en las áreas policíacas de San Juan, Caguas, Bayamón, Aibonito y Mayagüez.

Los servicios de enero a marzo de 2025 fueron coordinados por el DSP, subrayó Alvarado Cardona.

Hasta el 13 de febrero, se habían contabilizado del año 2025 solamente 143 víctimas extranjeras de violencia doméstica lo que representó el 1.7% de los 8,401 casos.

En cuanto a los ofensores, en el año 2025, registraron 8,380 de los cuales 111 fueron extranjeros lo que representó el 1.3% de todos los incidentes.

En todos estos casos no se ofrecieron los servicios de un traductor ya que, aunque sean extranjeros, si los querellados o querelladas provienen de países en los que su idioma oficial es el español, el proceso transcurre con normalidad. La capitán mencionó como ejemplo a ciudadanos venezolanos, colombianos, dominicanos y americanos.

“Tenemos una cantidad de incidentes que se están cerrando e inmediatamente estén listos se van a entrar en el módulo. Todavía hay incidentes sin terminar del año pasado (porque) la investigación está todavía abierta o está en el trámite de entregar los incidentes investigados por su área de trabajo a la unidad, pero la mayoría están siendo culminados”, explicó Alvarado Cardona.

Menos los casos

La funcionaria agregó que es una cantidad “ínfima” la que recibe estos servicios y, mayormente, requieren de intérpretes de inglés.

De acuerdo con el análisis de las estadísticas, las cifras representan una disminución de un 40% de las víctimas extranjeras en comparación con el año 2024 y de un 42% de los ofensores.

Si se observa el área policíaca de San Juan -que es la que mayor cantidad de casos tiene reportados tanto en el 2024 y el 2025- continúa siendo la demarcación con mayor incidencia, tanto de víctimas como de ofensores extranjeros.

No obstante, tiene una baja de 58% de víctimas y de un 52% de ofensores.

Las jurisdicciones con más cantidad de víctimas, después de San Juan son: Bayamón (31), Carolina (14), Guayama (7) y Arecibo (6).

En el caso de los ofensores, se observa más en el área policíaca de San Juan (64), Bayamón (22), Carolina (13) y Ponce (4).

La directora dijo no tener base legal para concluir las razones por las cuales estos casos han disminuido en comparación con el 2024.

El proceso

Luego de investigar, si el caso pasa a la etapa de Regla 6 con la que se radican cargos criminales, el Departamento de Justicia se encarga de conseguir un intérprete a la víctima y la Oficina de Administración de Tribunales a la persona imputada de delito.

“En nuestras políticas no está permitido preguntar con relación al estatus migratorio; nosotros atendemos el incidente y ya. Si la persona no trae el tema con relación a eso, nosotros no tenemos por qué traerlo tampoco”, aseguró la funcionaria.

La comunidad sorda, que también confrontan barreras de comunicación y son asistidos por intérpretes de señas, puede recibir este servicio en casos de violencia doméstica.

El procedimiento es el siguiente: el agente o el supervisor se comunica por correo electrónico con el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP), que está adscrito a la Unidad de Violencia de la Policía de Puerto Rico, y Alvarado Cardona hace las gestiones para que el intérprete llegue al lugar en que se necesite, sea en caso de urgencia o para comparecencias agendadas.

“Este es el proceso ordinario, que es que le leemos las advertencias a la parte que está arrestada, que no tiene que ser el varón, y en el caso de que renuncien al derecho a no declarar, que puede mantenerse en silencio y defenderse posteriormente, pero en ese proceso no tiene que declarar para evitar incriminarse, pero hay personas que renuncian a ese derecho y necesitan un traductor o un intérprete, y nosotros se lo proveemos”, recalcó la capitán

Aclaró la importancia de estos profesionales, ya que una persona conocida o allegada a las partes, que podría ser solicitada por la víctima, pudiera afectar la objetividad en la traducción.

“Si nosotros no entendemos el idioma, ¿cómo podemos velar que esa persona esté traduciendo bien? Una persona ajena, contratada para esos servicios, debe ser objetiva”, reiteró Alvarado Cardona.

No solo su oficina maneja un presupuesto con esa finalidad, sino también la oficina de la Reforma de la Policía para los demás delitos.