Un grupo de miembros de la comunidad de la calle Loíza, en Santurce, reclamó hoy su derecho a vivir en paz y a no ser desplazados de sus hogares a la luz de los recientes eventos de violencia ocurridos durante la madrugada del sábado pasado cuando una mujer disparó frente a un club y se desató un fuego cruzado que cobró la vida de dos universitarios peruanos, víctimas inocentes de los actos de violencia.

Ángeles Acosta, portavoz del grupo, considera a la calle Loíza como un pueblo dentro de una ciudad, en la que tienen todo a su alcance, desde la farmacias, correo, hospital, supermercado, restaurantes y hasta el zapatero, en la cual conviven en armonía norteamericanos, dominicanos, argentinos, haitianos, franceses y entre diferentes nacionalidades, a quienes también les preocupa su calidad de vida.

Asimismo, le exigió una disculpa al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien durante el día de ayer defendió a los propietarios de apartamentos de alquiler a corto plazo para que no se les asocie con la actividad criminal reportada en ese lugar.

“En Puerto Rico no hay espacio para la xenofobia. Que aquí no podemos estar diciendo ‘si no naciste aquí y no eres de aquí, pues no estás bienvenido aquí'. El momento que eso ocurre en Puerto Rico es el principio del fin, porque eso no funciona. Nuestra frontera tiene que estar abierta y el que quiera venir aquí a Puerto Rico a residir y a invertir aquí dentro de la ley, está más que bienvenido”, dijo el primer mandatario.

Acosta le respondió que le preocupan sus expresiones. “Yo creo que él va a tener que disculparse, porque nosotros repudiamos totalmente el racismo y la xenofobia”.

“Hacer imposible la vida aquí en la calle Loíza permitiendo el crimen y la violencia, permitiendo las barras, las discotecas sin hora de cierre hace que mucha gente diga: ‘yo me voy de aquí, aquí yo no puedo criar a mis hijos, aquí yo no puedo cuidar a mis padres, aquí yo no puedo vivir’, eso es una forma de desplazamiento y entonces el gobernador tomó eso como si nosotros estuviéramos diciendo que aquí se tiene que ir todo el mundo”, detalló la portavoz.

En esa comunidad ya hay cerca de 600 lugares de alquiler a corto plazo que han desplazado parte de la población, porque las personas que alquilan han subido las rentas a cifras imposibles de pagar, según denunciaron.

“Nosotros no estamos en contra de los Airbnb, nosotros queremos que los regulen porque ya se sobrepasó la cantidad. Nosotros queremos seguir viviendo en comunidad y nosotros no nos vamos a ir de aquí “, subrayó.

También le solicitaron a la Asamblea Municipal de San Juan que los invite a desarrollar un código de orden público “que se atempere a nuestras necesidades, ya que hay negocios ilegales que operan desde las 10:00 p.m. hasta el mediodía del día siguiente, sin ninguna fiscalización. Los acercamientos con el municipio han sido infructuosos desde hace varios años”, señaló Acosta.

Explicó que estos establecimientos, que comienzan a operar con permisos de restaurant y terminan siendo una barra, son los que han sido escenarios de incidentes de violencia, no solo en la calle Loíza sino en áreas circundantes.

“Le vamos a mandar a la Asamblea Municipal próximamente una carta solicitándoles que haya un código de orden público que establezca un horario de cierre. Aquí todas las noches (está sin freno) el boceteo, los carros todoterreno, las motoras. Usted no se puede imaginar el ruido. Hay todo un estudio sobre el ruido en la calle Loíza por las noches que sobrepasa todo lo que un ser humano puede manejar para su bienestar emocional y para su bienestar físico”, abundó Acosta sobre las alternativas que proponen para solucionar el problema que les agobia por años.