El fiscal especial independiente (FEI) Guillermo Garau se reafirmó ayer en que técnicamente está impedido de radicarle cargos de violencia doméstica al exrepresentante Ramón Rodríguez Ruiz, pero dijo que el suceso que el otrora legislador protoganizó el año pasado contra la entonces directora de su oficina, Soniel Torres Suárez desfilará “completo” en la vista preliminar en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Ayer, el juez superior Rafael Taboas Dávila pautó para el 20 noviembre una reunión entre el Ministerio Público y los abogados de defensa en la que estipularían evidencia documental para agilizar el aspecto procesal del caso. Entre estos documentos figuran, los récords médicos de Torres Suárez y el testimonio que ésta prestó posteriormente, ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, así como otros documentos en poder de los fiscales Garau, Manuel Núñez Corrada y Cándida Sellés.

En la reunión del 20 de noviembre, se escogería la fecha en que comenzará a ventilarse la vista preliminar. Garau dijo que probablemente se celebre el año próximo y estimó que habrá por lo menos tres días de vista.

Tanto el exrepresentante, quien cuenta con cuatro abogados como Torres Suárez, que es representada por dos letrados, no dieron declaraciones a su salida del tribunal ni se saludaron de forma visible a la prensa.

El caso se vio en la sala 904 del tribunal por ser la sala habilitada para ser transmitida por medios de comunicación electrónicos.

Torres Suárez enfrenta cargos por perjurio, malversación de fondos públicos, falsedad ideológica, fraude o engaño sobre testigos y fraude, mientras que el exrepresentante encara cargos de fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales. Ambos están libres bajo fianza de $30,000 que fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).

Aunque las investigaciones contra el representante comenzaron como un caso de violencia de género en contra de Torres Suárez, que llevaron a su expulsión a principios de año de la Cámara de Representantes, las pesquisas evidenciaron otras supuestas conductas delictivas de ambos, relacionadas a creación de corporaciones para lucrarse y empleados fantasmas. También se descartó presentar cargos por Ley 54 porque la entonces víctima y ahora acusada de corrupción dio declaraciones juradas contradictorias sobre los hechos y para el FEI esto la convierte en una “testigo mendaz”.

El fiscal Garau indicó que cuenta con más de 16 testigos de cargos. A la vista de ayer comparecieron los policías que entrevistaron a Torres Suárez en el Hospital Menonita de Guayama a donde la empleada legislativa fue a recibir asistencia médica y señaló al entonces representante a la Cámara como el autor de una agresión que había sufrido en el rostro el 10 de noviembre de 2017, en una carretera en Santa Isabel. Después de haberlo identificado con su puño y letra en una querella y de haberle mostrado su foto a la Policía, lo exoneró de los hechos.

También figuran como testigos de la Fiscalía, la secretaria de la Cámara, Elizabeth Sewart, así como otro personal administrativo del cuerpo legislativo.

Entre los testigos del Ministerio Público podría figurar también el representante Carlos Banchs, quien era el presidente de la Comisión de Ética cuando Torres Suárez prestó testimonio bajo juramento en las vistas de la Cámara.

“Voy a pasar la prueba completa de que fue lo que pasó. Para yo decir que esa persona declaró falsamente, yo voy a probar que fue la verdad de lo que pasó. Ahí va a pasar todo lo que ocurrió ese día”, sostuvo Garau.

Reiteró que al Torres Suárez testificar bajo juramento ante un notario y ante una comisión, se convirtió en una testigo mendaz “y so me impide a mí y a cualquier fiscal probar un caso en contra de él (Rodríguez Ruiz) más allá de duda razonable”.

No obstante, dijo que para establecer el perjurio presentará prueba desde que Torres Suárez llegó al CDT de Guayama hasta que prestó la declaración jurada ante un fiscal. “Para establecer el perjurio tengo que traer que fue lo que pasó”, sostuvo.