El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao continúa ampliando la pesquisa sobre las circunstancias que rodean la agresión a una octogenaria de parte de un cuidador de 41 años, quien se alegó que expresó que llevaba a cabo un ritual “para que muriera en paz”, en la parte baja del hogar de cuidado prolongado Casa Dorada, localizada en el barrio Collores, de Las Piedras.

Por recomendación de la fiscalía, el sábado, los familiares del empleado presentaron al tribunal una solicitud juramentada para su ingreso involuntario en una institución para que reciba tratamiento de salud mental inmediato. De este modo se ordenó su detención temporera por un período de entre 24 a 48 horas. Una vez sea evaluado por un psiquiatra para que lo estabilice se determinará el nivel de cuidado y tratamiento que va a requerir, si es ambulatorio y si debe permanecer recluido.

El teniente Josué Vázquez, director auxiliar del CIC de Humacao, detalló que mientras el cuidador se encuentra bajo evaluación médica especializada los investigadores continuarán analizando las declaraciones que emitió a periodistas en la tarde de ayer, domingo, mientras era trasladado a una institución hospitalaria en la que mencionó el nombre de una persona que le dio las instrucciones.

“Cuando se arresta en sábado en la tarde, mientras se investiga la fiscalía instruyó a la familia a solicitar una Orden 408 (al amparo de la la Ley de Salud Mental de Puerto Rico). Nos comunicamos con el hospital para que una vez lo evalúen y lo den de alta quede bajo nuestra custodia para la posible radicación de cargos”, agregó el teniente Vázquez.

La investigación será ampliada para entrevistar a otros empleados, potenciales testigos y las alegaciones que han surgido en los últimos dos días.

“Yo seguí instrucciones como he seguido todo el tiempo. No quise matar a la residente, pues no la quise matar porque asesino no soy”, expresó el cuidador a Telenoticias. Este repitió que la encomienda para realizar lo que llamó un ritual se las dio la persona a la que relevó al llegar al turno.

Vázquez agregó que la dueña del hogar de cuido les planteó que había confrontado problemas con el personal debido a la reducción de su horario de trabajo y por eso le radicaron varias querellas. En consecuencia, el Departamento de la Familia le canceló la licencia y removió a unos 15 pacientes que estaban bajo su custodia y solo quedaba una mujer que estaba hospitalizada y la víctima de la agresión, que son pacientes privados.

Por su parte, el Departamento de la Familia informó ayer que “este hogar ya era objeto de una investigación administrativa por alegada negligencia en la prestación de servicios a los adultos mayores bajo su cuidado, proceso que el Departamento mantenía bajo estrecha supervisión. Como parte de esa investigación, y en coordinación con los familiares, la mayoría de los residentes habían sido reubicados en otras instituciones”.

La agencia reveló por escrito que van a ofrecer el acompañamiento necesario durante el proceso de reubicación, ya que no podrán permanecer en el hogar.

La adulta mayor presuntamente víctima del maltrato permanece hospitalizada recibiendo atención médica especializada. Su condición es estable.

Los hechos ocurrieron el 11 de julio a las 4:28 p.m. cuando se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una situación sospechosa en el hogar. Al llegar los policías encontraron en la parte baja del hogar tirada en el suelo a Evalina Ortiz Ruiz de 86 años, quien es parcialmente ciega, quien se suponía debía estar estaba encamada en el hogar.

Los paramédicos que el dieron los primeros auxilios observaron abrasiones en todo el cuerpo y un trauma en la cabeza, por lo que fue trasladada a una sala de emergencia.

Durante la entrevista inicial con el cuidador quien fue hallado merodeando por las casas de los vecinos, manifestó que la llegó al lugar para un ritual que se hacía cuando se cambiaban de institución y se les daban pastillas para que pudieran “morir en paz” y así tener nuevos pacientes. Este fue arrestado de inmediato.

El caso es consultado con la fiscal Astrid Rivera y el agente Gilberto Pérez.