Por segunda ocasión consecutiva, la vista de desestimación de cargos contra la exsenadora del Partido Popular Democrático (PPD), Mari Tere González López, fue cancelada y pospuesta para el 17 de enero. 

Esta vista también había sido repautada el pasado 9 de agosto.

Hoy, la exlegisladora y su abogado, Yuseph Lamboy, no acudieron al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde la jueza Wanda Cruz Ayala tenía previsto atender la moción en la que se solicita que se le eliminen los 12 cargos criminales que pesan en su contra por perjurio, falsedad ideológica, así como posesión y traspaso de documentos falsificados. 

El fiscal especial independiente (FEI), Ramón Mendoza Rosario, tampoco acudió a la sala 1103.

En una entrevista telefónica, Lamboy dijo a Primera Hora que la dilación del proceso se debe a que han ocurrido unos problemas en la transcripción de la vista preliminar que se realizó en febrero pasado y en la que se le desestimó el cargo más grave. El mismo estaba relacionado a una violación a la Ley de Ética Gubernamental por no reportar aportaciones económicas que supuestamente le había hecho el convicto contratista popular Anaudi Hernández. 

El abogado dijo que el proceso de transcripción suele demorarse, máxime cuando se realizaron seis días de vista preliminar contra la exsenadora. 

Por otro lado, Lamboy insistió hoy que el FEI no tiene un caso criminal contra González López, ya que todos los informes emitidos ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) fueron enmendados y los cargos que se evalúan supuestamente no toman en cuenta este paso. 

“Esos informes financieros se enmendaron y el FEI dice que no son legales. Queda que el juez decida si fueron legales”, detalló. 

Añadió que “los informes que está utilizando el FEI (para sostener los 12 cargos imputados) están incompletos, porque esos informes se enmendaron”. 

Lamboy también pide que se tome en cuenta que cada vez que el auditor de la OEG le solicitó documentos o que se realizaran enmiendas, González López cumplía con la solicitud. 

“La realidad es que esos informes se pueden enmendar y se enmendaron. Una vez Ética deshabilitó la cuenta para que no los pudiera enmendar electrónicamente, como dice la Ley, ella se presentó con el papel y se lo aceptaron y lo poncharon. Si pasó algo, fue una actuación impropia de Ética Gubernamental”, denunció el letrado, al indicar que las gestiones realizadas por la política nunca tuvieron una “intención criminal”. 

Primera Hora solicitó una reacción del FEI Mendoza Rosario, pero este no ha contestado las llamadas.