La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia se reunirá hoy con la fiscalía de San Juan, la Procuraduría de Menores y la División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias con miras a determinar si se crea un “task force” o toman la jurisdicción de la investigación sobre los casos de fraude al programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) que involucra a alumnos del Colegio San Ignacio de Loyola e incluye otros esquemas independientes.

En los casos de los estudiantes, el grupo evaluará la prueba recopilada al presente que está centrada en dos alumnos de la clase graduanda del 2020 ya que la investigación tendrá jurisdicción compartida porque uno de los involucrados ya cumplió los 18 años y el otro tiene 17 años, por lo que se tendrá que asignar un Procurador de Menores.

Hasta el día de hoy el fiscal Edmanuel Santiago Quiles no ha entregado a los agentes investigadores un “subpoena” para que sea diligenciado en el colegio para que se les entregue el listado de estos alumnos y sus nombres para ser pareados en el sistema electrónico del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y de la empresa Evertec como parte del rastreo para llegar hasta el origen de la solicitud de los beneficios.

Sin embargo, se evalúa si el requerimiento de información será ampliado para analizar los sistemas de la institución educativa.

Los dos casos que se investigan al presente fueron referidos por el DTH durante la tarde del martes de la semana pasada, al Negociado de la Policía y el miércoles, al Departamento de Justicia luego de que un miembro del núcleo familiar del menor acudiera a la agencia para devolver un cheque que había recibido por correo a pesar de que no es un desempleado.

En el caso del joven, que ya alcanzó la mayoría de edad, el cheque fue entregado a la agencia en el Centro de Convenciones de Puerto Rico utilizado como sede central para tramitar estas solicitudes, pero se desconoce cómo fue obtenido.

Uno de los estudiantes recibió un cheque por la cantidad de $7,458 y el otro por $6,126.

El fiscal Santiago Quiles también interviene en otros 27 casos activos de otras modalidades de fraude que abarcan las regiones de San Juan, Carolina y Bayamón que se detectaron en instituciones bancarias en las pasadas dos semanas.

Uno de los esquemas se configura cuando personas solicitan beneficios reales, pero al momento de cambiar los cheques utilizan licencias de conducir falsas y en el otro no solo usan identificaciones falsificadas, sino que se trata de casos en los que se les ha robado la identidad a un ciudadano y deambulantes que son usados para obtener el dinero en efectivo.

También se explora otro tipo de fraude en el que se le añade un dígito a la cifra real para incrementar su cantidad.

Durante el curso de la investigación se definirá si pudiera pasar a jurisdicción federal luego de que se les presentara un resumen de estos casos y se pusieran a disposición de los investigadores para colaborar con la pesquisa de ser necesario.