La Corporación Organizada de Policías y Seguridad (Cops) advirtió hoy que supervisores del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) han estado solicitando verbalmente y de manera irregular a los agentes que certifiquen mediante un enlace del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos si recibieron o no los beneficios del programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) para presuntamente establecer si cometieron fraude.

El licenciado Luis E. Cabán Muñiz, asesor legal de Cops, reveló que, durante el día de ayer, jueves, se recibieron en las oficinas del gremio alrededor de 15 llamadas de cuarteles de toda la isla y de unidades especializadas en las que denunciaban esta situación y les solicitaban orientación de cómo proceder ante la amenaza, en su mayoría de parte de sargentos, de que si no accedían se exponían a enfrentar faltas al reglamento por no seguir las instrucciones de un supervisor.

Explicó que como parte de las instrucciones impartidas a los supervisores también de manera verbal, se les pide a los policías que entren al enlace para llenar un formulario en el que se certifica por medio del número de seguro social si solicitó los fondos y una vez llegue la certificación deben tomar una foto con sus teléfonos celulares para hacerla llegar a sus jefes.

Esta situación, dijo Cabán, los expone prácticamente a renunciar a todos sus derechos en caso de ser investigados en el caso de que fueran sospechosos de fraude.

Cabán insistió en que se debe notificar por escrito de manera formal de ese requerimiento de información a cada uno de los policías como lo exige la Reforma Sostenible de la Policía para que el mismo pueda ser impugnado como les asiste el derecho.

“Para que la Policía pueda hacer ese tipo de requerimiento, con esa intención (establecer si hubo fraude) tiene que haber un requerimiento formal de investigación no puede ser verbalmente y ese procedimiento formal tiene unos requisitos y unas advertencias que se establecen desde 1967 en un caso que se llama Garrity versus New Jersey”, detalló el licenciado.

Aclaró que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos simplemente le entregó un listado al comisionado del NPPR, Henry Escalera Rivera, con unos 150 nombres de personal que solicitó los beneficios para que se certificara quienes están activos y cuáles no, información que ya fue entregada a la agencia.

“En ningún momento ha venido una solicitud del Departamento del Trabajo para que se investigue un fraude. Escalera quiere hacer su propio caso averiguando quien solicitó PUA y quién no”, exclamó Cabán, quien aclaró que tampoco el Departamento de Justicia ha hecho tal notificación formal.

A mediados de septiembre, Escalera Rivera recibió un listado de cuatro páginas con los nombres del personal del Sistema de Rango y civil luego de que trascendiera públicamente que en el esquema de fraude con los fondos del PUA pudieran estar involucrados cientos de empleados públicos, el cual fue depurado por la Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales.

En esa ocasión indicó que con los resultados determinarían si se harían referidos para investigaciones administrativas.

La instrucción impartida a los policías es que no respondan a la solicitud hasta que no haya un requerimiento formal, subrayó.