El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) pagó más de $2,844,250.02 en exceso a lo estipulado a un contrato de servicios de salud mental, reveló un examen realizado por la Oficina del Inspector General (OIG).

Ante esta falla, la OIG solicitó a la agencia recobre el dinero a la empresa privada, de la cual no divulgaron el nombre y está a cargo de dar los servicios.

Según se informó en comunicado de prensa, el examen de las finanzas de Corrección cubrió el periodo de 1 de septiembre de 2018 al 13 de diciembre de 2024.

Se detalló que se evaluaron 264 facturas por $74,319,813.31, correspondientes a los servicios de administración del Programa de Salud Correccional (PSC), de salud mental para los Programas Instituciones Juveniles (NIJ) y Rehabilitación y Tratamiento (PRT), y Medical Liaison Officer (MLO).

El análisis apuntó a que desde el 1 de octubre de 2018 hasta 30 de septiembre de 2023 se pactó un servicio por la cantidad de $54,040,750.38, pero la agencia desembolsó $56,885,000.40 al contratista, lo que representa una diferencia de $2,844,250.02, en pagos en exceso.

La OIG emitió una orden al Departamento “a los fines de solicitar que se proceda con el recobro de los fondos y con la presentación de facturas en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables”.

En informe la OIG, además, cuestionó sobre $139 millones en contratos, luego de realizar una amplia evaluación sobre la administración del PSC, que identificó incumplimientos con leyes y reglamentaciones, y múltiples deficiencias en controles internos relacionados a la contratación de servicios.

Al menos 174 del total de las facturas evaluadas, no detallaban los servicios ofrecidos, toda vez que los datos contenidos en las facturas eran idénticos entre sí, en contravención a los requisitos establecidos en el acuerdo entre el DCR y el contratista. El examen señaló que los informes de labores presentaban contenido repetitivo, con registros idénticos de horas trabajadas y el uso del término “aproximado” para describir la distribución de horas por cada servicio prestado.

“Esta uniformidad en la presentación de la información evidencia una falta de variabilidad en la documentación de los servicios facturados, lo que impide una evaluación precisa de la labor realizada y la justificación de los pagos correspondientes. El DCR pagó estas facturas sin documentar la verificación de la autenticidad de los informes ni la calidad de los servicios provistos, ya que estos no se presentaron de forma clara, detallada y específica”, indicó el examen de la OIG.

Además, el examen constató que la población correccional se redujo significativamente a menos de 9,000 confinados durante la vigencia de uno de los contratos, lo que debió haber conllevado una reducción proporcional en la compensación al Contratista 1, conforme a la cláusula contractual aplicable.

“Sin embargo, el DCR continuó pagando la compensación máxima establecida, sin evidencia de negociaciones o enmiendas para ajustar el pago según la población real”, anotó el informe.

De igual manera, una contratación iniciada en octubre de 2023 estableció un umbral aún más bajo de 6,500 confinados antes de aplicar reducciones de pago, con incrementos automáticos en la compensación cada dos años, sin justificación aparente. El examen de la OIG también detalló hallazgos relacionados con pagos por servicios facturados sin contrato, contrataciones sin los avisos públicos requeridos por la normativa aplicable, deficiencias con efecto material en el proceso de solicitud de propuestas y la ausencia de reglamentos requeridos por ley.

Se identificaron contrataciones sin un proceso abierto, competitivo y público, tanto para los servicios de salud mental como para la entidad administradora del PSC y el MLO. Asimismo, se evidenciaron pagos en exceso por servicios sin enmienda contractuales, desembolsos sin retenciones contributivas y cláusulas de compensación deficientes que no garantizan el uso eficiente de los fondos públicos”, destacó el informe de la OIG.

En los hallazgos, se identificó dos contratos adjudicados sin la debida autorización de la Oficina de Gerencia de Presupuesto (OGP). El informe identificó un primer contrato con vigencia del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2023, que únicamente contó con la aprobación de la OGP para el año fiscal 2018-2019. Durante el examen, el DCR no logró presentar evidencia de la autorización de la OGP para los años fiscales subsiguientes, en los cuales la agencia pagó sobre $48 millones por servicios facturados. Asimismo, se identificó un segundo contrato, ascendente a más de $508 mil, que tampoco contó con la debida autorización de la OGP.

El examen de la OIG incluyó múltiples recomendaciones adicionales al DCR, entre ellas: fortalecer los controles internos, mejorar los procesos de contratación y gestionar los análisis correspondientes para implementar las medidas correctivas necesarias, incluyendo el recobro a los contratistas.

Cualquier persona que tenga información sobre acciones que pongan en riesgo el uso adecuado de fondos públicos puede comunicarse con la línea confidencial de la OIG al (787) 679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.