El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) confirmó que este lunes concretó un contrato por la cantidad de $9 millones con la compañía Track Group P.R. Inc. que estará vigente hasta el año fiscal 2026, para la adquisición del equipo y servicios para el Programa de Supervisión Electrónica que ofrece el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).

A pesar de que el acuerdo contractual expiró el 30 de junio de 2021, la empresa continuó ofreciendo servicios, que son considerados como esenciales, mediante ejecución de órdenes de compra con el DCR y la Administración de Servicios Generales (ASG).

La solicitud de propuesta para la adquisición de los equipos de monitoreo electrónico fue emitida por la ASG para abrir el proceso ante la Junta de Subasta. Su desarrollo se retrasó porque hubo unas impugnaciones de parte de algunos de los 17 licitadores, que llegaron hasta el Tribunal de Apelaciones. No fue hasta el 8 de junio del 2023, que se emitió una sentencia en contra de la compañía que levantó uno de los cuestionamientos y a favor de la empresa Track Group.

“Por esta razón durante todo este proceso no podíamos tener un contrato vigente por, primero, el llevarse a cabo las subastas y, segundo, por el proceso de impugnación y los ‘issues’ creadas por las compañías licitadoras en los tribunales, incluyendo el Tribunal Apelativo”, explicó a Primera Hora la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, quien aclaró que el contrato lo paga la agencia.

Sus expresiones surgieron en respuesta al anuncio del vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, sobre la radicación de una resolución para una investigación el sistema de supervisión electrónica debido a los recientes casos de remoción de grilletes de peligrosos criminales, y la renovación del contrato.

Al presente, Escobar Pabón no ha recibido ninguna solicitud para comparecer a la Legislatura para un proceso de investigación. “Como siempre, hemos estado en la disposición de comparecer a cualquier foro y en especial a la Legislatura de Puerto Rico a poder evidenciar y evidenciar cualquier informe que nos sea requerido con relación a este proyecto”.

El costo anual del contrato anterior era de aproximadamente $3.4 millones anuales, de acuerdo a los $284,115 facturados mensualmente, según las cifras suministradas por el DCR.

Sus costos y funcionalidades

Los primeros mil dispositivos tienen un costo de $4.60 por día y el monto a pagar irá bajando mientras haya más brazaletes electrónicos instalados en el sistema. Anteriormente se pagaban $5.90. También se cambió a tecnología 4G.

En el nuevo acuerdo contractual se ha tomado en consideración el aumento en los participantes y se anticipa otro incremento más, cuando entre en vigor la Ley 89-2023 para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de violencia doméstica, que establece que en todos los casos donde se impute la comisión de este tipo de delito, se le provea a la víctima una aplicación de detección electrónica del agresor que opere a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

“Esta ley entra en vigor en 180 días, se firmó el 8 de septiembre de este año. Así que estamos trabajando varias cosas: primero, la reglamentación entre las agencias que integran o se mencionan dentro de la ley y ya estamos trabajando para la adquisición de equipo adicional para el nombramiento de funcionarios que pudieran estar trabajando en el área del PSAJ porque probablemente aumente el nivel de solicitudes de evaluación y a su vez aumente la supervisión de esos imputados de delitos, por tanto, necesito personal adicional”, sostuvo Escobar Pabón.

La empresa provee la aplicación EMPOWER, que es una herramienta que la agencia tiene disponible desde el 2011, como parte del contrato de grilletes y vigilancia electrónica, para notificar a una víctima de violencia de género si se viola la zona de exclusión al igual que conocer todos los movimientos de su victimario.

La misma es de carácter voluntaria, no obstante, se le avisa por teléfono si se observa en los monitores de los mapas interactivos que podría estar en peligro para que busque ayuda en el cuartel más cercano o en otro lugar donde esté protegida. Además, el grillete emite una alerta en lo que agentes de la División de Arrestos se comunican con la persona para dejarle saber que está fuera del perímetro asignado y a su vez pueden activar el protocolo de emergencia con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, para que lo intercepten.

También cuentan con el Sistema de Aviso a Víctimas sobre el Estatus de Reclusos (SAVER) para darle conocimiento a las víctimas de delito donde está el convicto, sobre su excarcelación, traslado de institución, integración a programas de desvíos, muerte o fuga de los ofensores. La oficina funciona las 24 horas y los 7 días de la semana.

Al presente, el programa mantiene 1,400 participantes que están bajo el programa con brazalete electrónico, eso incluye los que están bajo fianza diferida o no y que el juez haya ordenado la colocación de un grillete, personas que estuvieron en confinamiento y se trasladan a sus hogares o a un centro de tratamiento bajo supervisión del DCR o aquellos que la Junta de Libertad Bajo Palabra así lo disponga.

Aclaró que en los casos de imputados de asesinatos que pague o se le difiera una fianza es mandatorio que tenga uno de estos dispositivos, como condición adicional impuesta por un juez.

La correa del sistema es de acero forrada con goma, no es de fácil manipulación, insistió la secretaria, quien afirmó que “actualmente, tenemos uno de los mejores equipos”.

Uno de los métodos más comunes utilizados el año pasado para romper la correa es el uso de una pulidora. Al presente, ninguno de los participantes ha resultado herido en su intento por remover el grillete.

“De 1,400 tener 17 que este año se han cortado el grillete, bueno nadie se lo debe cortar, pero no es que el programa o el equipo no funcione, es que tenemos personas con unas (actitudes) mentales de reto a la autoridad en todo momento, que no respetan los procesos y que no les importa violar esas reglas que tienen impuestas como parte de ese proceso de fianza y que los mantiene en libertad”, observó Escobar Pabón, al defender la eficiencia del sistema y su personal.

La respuesta a la remoción, desactivación, daños y manipulación del dispositivo es inmediata, para notificar al NPPR a las unidades de arrestos de PSAJ, a del DCR y cualquier otra agencia de ley y orden estatal o federal que pueda dar apoyo en el proceso de identificar el lugar donde se esté ocultando para capturarlo, se reafirmó. Además, dijo que mantienen acuerdos de colaboración con policías municipales.

La persona bajo supervisión tiene la obligación de pagar los costos de participación del programa de monitoreo electrónico de acuerdo a sus ingresos, si se declara indigente, debe solicitarle al tribunal que se le elimine esa obligación.

El pago fluctúa entre los $3.60 y $5.90 diarios, reveló la directora de PSAJ, Janet Rodríguez Robles.

En estos momentos, se encuentran en proceso de contratar agentes de arrestos e investigaciones, evaluadores de condiciones de riesgo y trabajadores sociales.

El reclutamiento obedece a la proyección de aumento de participantes, para poder sustituir a los empleados que están en proceso de acogerse a la jubilación y cubrir las plazas de otros que han ascendido de puesto.

El número de teléfono para ofrecer información sobre los fugitivos o para reportar a cualquier otro participante que esté haciendo uso indebido del equipo, o que esté fuera del área designada, es el (787) 754-3444.