Los abogados criminalistas pueden ahora brindar servicios pro bono en la Junta de Libertad bajo Palabra (JLBP), donde evaluarán las vistas de revocación del privilegio de Libertad Bajo Palabra a ofensores, mientras cumplen con sus 30 horas de servicio libre de costo.

El 12 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó un Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico, que entró en vigor el pasado 1 de julio.

Este nuevo reglamento, además de incentivar el trabajo pro bono, establece un sistema para la administración uniforme de las asignaciones de oficio en los procedimientos de naturaleza civil y penal, y viabiliza que todo abogado y abogada cumpla con su responsabilidad ética de ofrecer servicios legales libre de costo a personas indigentes.

La presidenta de la JLBJ, la licenciada Mercedes Pequero, dijo que la Administración de Tribunales (AT) autorizó a doce entidades u organizaciones, incluyéndolos, para que los abogados cumplan sus 30 horas de servicio pro bono al año.

Mensualmente, la Junta procesa unos 10 casos de revocación del privilegio, aunque eso no implica que todos terminarán en revocación. Por año, se podría revocar el privilegio de Libertad Bajo Palabra en unos diez casos.

La libertad a prueba, también conocida como probatoria, es concedida únicamente a primeros ofensores que cumplen con los requisitos establecidos para cualificar para el privilegio de una sentencia suspendida, fuera de prisión. 

Sin embargo, el incumplimiento de alguna de las condiciones conlleva la revocación del privilegio y que la Junta emita una orden de arresto del ofensor.

Peguero mencionó que “el debido proceso de ley requiere que (al sentenciado) se le garantice una representación legal adecuada, el derecho a ser oído, el derecho a contrainterrogar y carearse con los testigos… Una vez garantizados esos derechos el proceso es uno más puro y goza de credibilidad”.

Con la llegada de letrados pro bono a la Junta “lo que queremos es que el confinado se beneficie de un abogado desde la vista inicial”, ya que cuando único la Junta tiene la obligación de asignarle uno por ser indigente es en la final.

Pero para ese momento, “ya la mitad del caso ha pasado y estamos en una etapa muy avanzada”, aceptó Peguero, quien fue abogada criminalista con la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

Esta insistió que cumplir las horas pro bono en la Junta, le da la oportunidad al letrado “de ver más allá, porque tú vas a tratar de establecer que esa persona en la libre comunidad, eso que le están imputando no necesariamente es… puede ser otra situación que tiene; desconocemos qué fue lo que pasó en el caso”.

Cuando el confinado llega para la vista, lo precede el informe que entrega su técnico socio penal, que será evaluado en la vista por un oficial examinador.

Actualmente en la Junta, abogados que ven clientes privados son los que voluntariamente le dan una mano para ver algunos casos, confirmó el director ejecutivo de la JLBP, el licenciado Ovidio López Bocanegra.

Aunque la SAL sigue trabajando con sus casos asignados, no cogen nuevos.

“Lo que queremos es resolverle al confinado que necesita un abogado”, sostuvo López Bocanegra.

Mientras, Pequero aceptó que el abogado que vaya a la Junta a ver un proceso de revocación, además de conocer el proceso criminal debe “creer en la rehabilitación de un ser humano que está cumpliendo una sentencia. Tienes que creerlo porque si no lo crees no puedes defenderlo. Nosotros queremos que (los ofensores) se sientan que en todo el proceso estuvieron compañados por un abogado que estudió su caso”, sentenció.

Para los interesados en ofrecer sus servicios pro bono, la Junta celebrará el próximo viernes 18, de 9:00 a 12:00 del mediodía, una actividad de orientación en el piso 12 (salón de conferencias) de la sede de la oficina ubicada en el edificio de Corrección y Departamento de Educación, en la avenida teniente César González.

Luego de la orientación los participantes pueden empezar de inmediato a cumplir con sus horas, durante las cuales podrían trabajar varios casos.

La agencia cuasi judicial aspira a tener un banco de expertos para atender sus casos.

Para registro llame al 787-296-1241 o al 787-678-4067. También puede acceder: jlbpcorreo@jlbp.pr.gov 

Otras entidades autorizadas por la AT son: la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la Oficina Legal de la Comunidad.