Cuatro de las siete acusados de un esquema de conspiración y extorsión que sobornaba comercios naverios en el Puerto de San Juan se declararon esta tarde no culpables.

Se trata de Iara Clemente Rivera, exesposa del coacusado Pedro Pastrana González; Carlos Sánchez Ortiz, el presidente de la unión de trabajadores de muelles ILA local 1740; Jorge Batista Maldonado, empleado de la Autoridad de Puertos; y Víctor Torres Barroso, empleado de JCPY, Inc.

Los cargos que enfrentan incluyen:

  • Cargo #1: conspiración bajo el Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Ley RICO) – hasta 20 años de prisión
  • Cargo #2: conspiración por extorsión de ley Hobbs - hasta 20 años de prisión
  • Cargo #3: conspiración para cometer fraude postal y electrónico - hasta 20 años de prisión
  • Cargo #4: conspiración para violar la ley Taft-Hartley – hasta 5 años de prisión
  • Cargo #5: conspiración de lavado de dinero - hasta 20 años de prisión
  • Cargo #6: conspiración para convertir fondos deliberadamente y falsificar registros del plan de bienestar - hasta 5 años de prisión
  • Cargo #7: fraude a planes médicos - hasta 10 años de prisión

Pastrana González y Clemente Rivera enfrentan los siete cargos, mientras que Sánchez Ortiz los primeros cinco y Batista Maldonado los cargos 1 al 3.

En la vista celebrada vía teleconferencia, el juez federal Marcos E. López impuso una fianza de $25,000 no asegurada contra Pastrana González y Sánchez Ortiz. Originalmente, el juez impondría una fianza de $40,000, la mitad de la cual no sería asegurada, suma que fue refutada por los abogados Francisco Rebollo y Thomas Lincoln que representan a Pastrana González y Sánchez Ortiz, respectivamente. Clemente Rivera también tiene que prestar una fianza de $10,000.

Mientras, el magistrado señaló una fianza no asegurada de $10,000 contra los otros cuatro acusados. Todos tendrán que someter su pasaporte. En el caso de Batista Maldonado, el agente Iván Torres, del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés), le confiscó esta mañana un arma de fuego marca Berreta. Asimismo, los agentes Isaac Catalá y Bryan Carmona le confiscaron a Sánchez Ortiz dos armas de fuego.

Por su parte, Lincoln buscó que se le permitiera a Sánchez Ortiz asistir a los eventos en Estados Unidos de la unión. Pero, debido a la ambigüedad de la frecuencia de estos mítines y sin poder explicar por qué la participación no podía llevarse a cabo de manera cibernética, el juez lo denegó.

“Lo que yo quiero saber por qué es imposible que (Sánchez Ortiz) participe por videoconferencia. Por eso, lo estoy negando sin precedentes”, comentó.

Contra Pastrana González se le impuso otra condición, ya que tendrá que someterse a pruebas de dopaje y, si es necesario, rehabilitación, ya que reportó tener una licencia de cannabis medicinal.

“Necesita buscar orientación de un médico para una opción alternativa”, advirtió el juez.

De la misma manera, Clemente Rivera se tendrá que someter a evaluación de salud mental, pues dijo recibir servicios de un psicólogo recientemente.

En la vista también estaban citados Pastrana González y los empleados de JCPY, Inc. José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguer, quienes enfrentan los cargos 6 y 7.

Por su parte, Pastrana González presentará una alegación de culpabilidad o no culpabilidad el 29 de agosto a las 3:00 p.m., pues su defensa aún debe consultar el caso con él. Para esta misma fecha, Fernández Cruz y Hernández Laguer también están citados, debido a que no cuentan con representación legal al momento por no poder costear los servicios del abogado Kevin Lerman, quien fue hoy su portavoz en la vista.

Batista Maldonado fue representado por Francisco Acevedo, Clemente Rivera por Kendys Pimentel y Torres Barroso por Víctor Ramos.

Las siete personas están acusadas de sobornar a empresas navieras que operan en los mulles 9, 10 y 11 del Puerto de San Juan. Este grupo alegaba que las empresas tenían que pagar una tarifa si utilizaban su propia tripulación en el trabajo portuario y, de no acceder al pago, las amenazaban con obstaculizar el acceso de sus barcos mediante piquetes de los miembros de la unión. Los pagos exigidos variaban según el peso, por lo que oscilaban entre $10,000 y $20,000 al mes.