La jueza Sylkia Carballo Nogueras, del Tribuna de Primera Instancia de Caguas declaró hoy culpable por negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada e incapacitados a la enfermera, dueña y administradora del Hogar Huellas Corp., Zulma Morales Sierra, informó el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Las fiscales Janice Maymí Camacho y Brenda Rosado Aponte, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia (MFCU, por sus siglas en inglés), demostraron que Morales Sierra, obrando con negligencia y teniendo la obligación que le impone la ley de prestar servicios de cuidado, puso en riesgo la vida y la salud de las hermanas KCR y MCR, ambas adultas con impedimento, durante el tiempo de siete meses que residieron en el hogar que administraba.

En ese entonces, la hoy convicta realizó una falsa representación y engaño, dando a entender que era tenedora de una dispensa y autorización del Departamento de la Familia para recibir en su hogar a las dos adultas con impedimentos. Con esta representación falsa logró la confianza de los padres de KCR y MCR y, de esta forma, obtuvo el pago de $18,900.00 por unos servicios de cuidado para sus hijas que nunca prestó.

El DJ agregó que estos hechos redundaron en actos de maltrato hacia los padres de las dos adultas: José Cintrón y Josefina Rubert, causando así daño a su salud, bienestar y bienes. La convicta era la enfermera, directora y dueña del mencionado hogar, mas no ofreció los servicios de salud y bienestar necesarios a las adultas. Tampoco ofreció a los padres información en cuanto eventos de salud, nueva medicación y tratamiento, privándolos de conocer las circunstancias en que se encontraban sus hijas en dicho Hogar bajo la idea que se encontraban bien.

Las fiscales presentaron alrededor de 29 testigos, 33 piezas de evidencia, prueba pericial y documental para demostrar más allá de duda razonable la culpabilidad de la convicta. Estas lideraron la investigación junto a la agente investigadora de MFCU, Loraine Hernandez Rodriguez.

“La convicta en este caso se aprovechó de la vulnerabilidad de toda una familia, poniendo en gran riesgo a dos personas que requerían unos cuidados especiales. El Departamento de Justicia siempre defenderá con gran fervor los derechos de las personas con diversidad funcional en Puerto Rico. Con este fallo se hizo justicia a las víctimas y a su familia”, expresó Emanuelli Hernández, en un comunicado de prensa, quien destacó la labor de los fiscales e investigadores.

Por su parte la fiscal Maymí Camacho sostuvo que “el Ministerio Público ha desplegado todo su esfuerzo en dar voz a una población invisibilizada y estigmatizada. Con el desfile de prueba documental y testifical logramos probar más allá de duda razonable un claro patrón de maltrato y negligencia detrás de la cortina de la pandemia. Hoy se hizo justicia a las víctimas de este caso”.

La vista de sentencia fue señalada para el 22 de mayo en la sala 303 del Tribunal de Primera Instancia de Caguas.

La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 75% de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención de $980,092 para el año fiscal federal 2023-2024. El 25% restante, que totaliza $326,693.79 para el año fiscal 2023-2024, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.