El juez federal Gustavo A. Gelpí le dio un plazo hasta el 1 de marzo a la fiscalía federal para que responda al recurso de desestimación presentado por la defensa de Ernesto DiGregorio, acusado de fraude por la venta en diciembre de 2016 al gobierno de Puerto Rico de un helicóptero que el Departamento de Salud utilizaría como ambulancia aérea.

La defensa de DiGregorio plantea que los cargos deben desestimarse porque se basan en el supuesto de que la aeronave necesitaba ciertos permisos para poder operar bajo las regulaciones que exige la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) para las aeronaves civiles, cuando en realidad se trataba de un aparato que operaría como aeronave pública, y por tanto no estaba sujeto a dichas regulaciones de la FAA.

La defensa de DiGregorio insiste en que, desde el inicio de las negociaciones para la compraventa del helicóptero, se estableció que sería operado como una aeronave pública a usarse para transporte médico de emergencia y en misiones de búsqueda y rescate.

Agrega que, al tratarse de una aeronave pública “DiGregorio no habría podido violar regulaciones de la FAA que no aplicaban a sus actos, y por tanto no habría podido cometer los crímenes federales que se le imputan”.

En una respuesta inicial, la fiscalía federal insistió en que los cargos contra DiGregorio derivaban de su promesa fraudulenta de proveer al gobierno un helicóptero que podía funcionar como ambulancia aérea. Agrega que, en lugar de la ambulancia aérea certificada por la FAA, vendió un helicóptero que no podía llevar pacientes a los hospitales ni servir como ambulancia aérea.

Argumentó además que la acusación emitida por un gran jurado solo necesita mostrar de manera clara el delito imputado y no era necesario ir más lejos en cuanto a la evidencia a mostrar en esta etapa del proceso. Insistió en que los cargos eran de fraude con una aeronave, y no de violación a regulaciones de la FAA, y que la propia extensa moción presentada por el acusado demostraba que entendía los cargos que se le imputan.

Sin embargo, en una réplica a la respuesta de la fiscalía federal, la defensa de DiGregorio insistió en la fiscalía evitó abordar los puntos esenciales que fundamentaban el reclamo de desestimación, entiéndase que la aeronave no necesitaba los permisos de la FAA por tratarse de una pública, y no una civil. Por tanto, no pudo ocurrir el alegado fraude, pues el mismo tendría que ir atado a los permisos de la FAA.

Agrega que la respuesta de la fiscalía muestra “una falta de entendimiento o ignorancia del marco regulatorio de la FAA, al indicar que una ambulancia aérea solo puede ser una aeronave civil. Cita publicaciones de la FAA que demuestran que las ambulancias aéreas pueden ser tanto aeronaves civiles como aeronaves públicas.

La defensa insiste además en que determinar si una serie de regulaciones aplican a unos hechos es algo que corresponde a la corte y no a un jurado, y por tanto el caso de debe desestimar sin llegar a juicio.

El Departamento de Salud pagó $7,704,635 por el helicóptero y un equipo adicional que se le instaló para que pudiera funcionar como ambulancia aérea. La compra fue a través de la empresa Ecolift, que presidía DiGregorio.

La aeronave, sin embargo, nunca fue utilizada, ante la alegada falta de permisos necesarios.

Según información recibida por Primera Hora, el helicóptero continúa en un hangar de Ponce y poco a poco le han ido desmantelando el costoso equipo adicional que se le había instalado a bordo.