Decenas depondrán en las vistas públicas de la Reforma de la Policía
El propósito es informar a la corte y al público del progreso del trabajo para implementar la reforma de la Policía.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 9 años.
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Este jueves y viernes se llevará a cabo una vista pública sobre la Reforma de la Policía en el Tribunal Federal de Ponce, que será transmitida en vivo en la corte del Viejo San Juan.
El juez federal Gustavo A. Gelpí informó que se transmitirá en la sala número 2 del Tribunal Federal del Viejo San Juan, ya que "esto permitirá que miembros del público, abogados y estudiantes, como la prensa y personas interesadas que no pueden viajar a Ponce, puedan observar los procedimientos en vivo".
Las sesiones serán de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. ambos días en la corte localizada en el edificio MCS en la avenida Tito Castro en la Ciudad Señorial.
A las mismas vistas comparecerán el superintendente de la Policía, José Caldero López; el secretario de Justicia César Miranda; y la representante del gobernador, Maritere Rivera Corujo.
El jueves depondrán el exgobernador, Rafael Hernández Colón; la alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez; la presidenta Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal; los profesores Fernando Torres Ramírez y Octavio J. Capó, de la Universidad Católica de Ponce; el coronel Héctor Agosto Rodríguez, comandante área de Ponce; y la coronel Clementina Vega, a cargo de la unidad de la reforma de la Policía.
El viernes comparecerán: la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez Garced; la consejal del Consejo Estatal de Rehabilitación, Tatty Escobar; el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), William Ramírez; el líder comunitario Roberto "Papo Christian" Pérez; Olga Orraca de la comunidad LGBTT; un miembro por anunciar de la comunidad dominicana; Mari Mari Narváez de la entidad Espacios Abiertos; Myra Rivera, de la Alianza Laura Aponte por la Paz Social (ALAPAS); Rubén Koundrup, de Amnistía Internacional, sección de Puerto Rico; Stephen Chang de la comunidad asiática; Joey Pons, del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad; Nora Vargas, de la Clínica de Asistencia Legal; Osvaldo Toledo del Colegio de Abogados; Vilma González de la Coordinadora Paz para la Mujer; miembro del Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos; Rafael Torruellas de Intercambios PR; miembro del Proyecto Matria; Verónica Vélez de la Sociedad para la Asistencia Legal; Olga Orraca del Taller Lésbico Creativo; y Josué González de la ACLU.
El informe final estará a cargo del Asesor Técnico de Cumplimiento (TCA) de la Reforma, Arnaldo Claudio.
"El propósito de esto es para informar a la corte y al público del progreso del trabajo para implementar la reforma de la Policía y escuchar los planes futuros y los pasos que están tomando para asegurar que la reforma va tal como se acordó", indicó Gelpí en una orden que figura en el expediente electrónico del caso.
"La corte está comprometida a la transparencia y busca asegurar que la estructura de la reforma de la Policía cumpla su potencial, cumpla su cometido, mientras garantice y asegure acceso del público a información importante concerniente a todas las comunidades durante este proceso importante", agregó el juez.
"La corte aclara que las vistas no son adversativas. El espíritu de colaboración genuina y asistencia mutua debe guiar los procesos de la reforma. La corte exhorta a los panelistas a enfocarse en sus respectivos testimonios", añade la orden.
La reforma de la Policía fue ratificada el 17 de julio de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla y el exsecretario de Justicia de Estados Unidos, Eric H. Holder. Dicho proceso se inició a raíz de una demanda que sometió el Departamento de Justicia federal contra el Gobierno de Puerto Rico por violaciones de derechos civiles por parte del cuerpo policiaco estatal.
El acuerdo contempla cuatro áreas básicas, que son: readiestramiento, reclutamiento y supervisión efectiva de los agentes; interacciones para que no hayan prácticas discriminatorias a la hora de los arrestos, allanamientos y registros; acercamiento con la comunidad, reuniéndose periódicamente y atender sus reclamos en 90 días; e implementar sistemas de información y tecnología.