La jueza Paola N. Morales Vélez, del Tribunal de Aibonito, determinó hoy que Meliceli Ortiz Vázquez, imputada por apuñalar a su hijo de siete años y a su hermana en Barranquitas, no es procesable.

Se citó a una nueva vista de procesabilidad bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, para el 15 de julio, confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Su propósito es evaluar si un acusado tiene la capacidad mental suficiente para entender el proceso legal en su contra y colaborar con su defensa y su objetivo es garantizar el derecho constitucional al debido proceso de ley.

Además, se recomendó su ingreso en el Hospital Psiquiátrico de Ponce para que continúe con su tratamiento médico.

Ortiz Vázquez enfrenta cargos por maltrato de menores, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas.

Los dos heridos se encuentran en condición estable.

Los hechos ocurrieron en la urbanización Jardines, en Barranquitas, mientras se disponían a tramitar una orden para su ingreso involuntario en una institución de salud mental.

Por estos hechos, la jueza Jenny Malavé, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto y le fijó a Ortiz Vázquez una fianza de $500,000, la cual no prestó por lo que fue encarcelada.

De la investigación surge que el sábado, 2 de mayo, el Departamento de la Familia recibió un referido, por parte de la Policía, relacionado con un comportamiento errático de la señora Ortiz Vázquez, quien había llegado al cuartel de Barranquitas acompañada de su hijo, posteriormente, la mujer abandonó el lugar sin notificarlo a ningún oficial presente.

Al momento de realizar el referido, la Policía proveyó al DF información de contactos familiares de la señora Ortiz Vázquez y luego el personal entabló comunicación con la hermana del menor, de 22 años y residente independiente, quien informó que el niño se encontraba bajo su cuidado, debido a que la madre se lo había dejado cuidando mientras acudía a recibir atención médica en una institución hospitalaria.

El informe del DF establece además que, durante la mañana del domingo, la madre del menor llegó a la residencia de su hija e indicó que había abandonado el tratamiento que recibía en una institución hospitalaria y le solicitó que le entregara al menor. La hija informó en una entrevista con el personal de la agencia, al verla tranquila y en aparente buen estado, procedió a entregarle el niño.

Al regresar a su residencia junto al menor, Ortiz Vázquez, volvió a realizar llamadas erráticas al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que generó un segundo referido al DF, por parte de la Policía.

De inmediato, personal de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) del DF se comunicó nuevamente con la hermana del menor, quien informó lo ocurrido. Durante esa intervención, la trabajadora social indagó sobre la red de apoyo familiar disponible, identificándose como recursos a la abuela paterna y dos tías maternas.

Como parte de la intervención, se estableció comunicación con una de las tías del niño para desarrollar un plan de seguridad familiar y la orientó sobre la posibilidad de gestionar una orden para su evaluación e ingreso involuntario a una institución hospitalaria de salud mental, de entenderse necesario, al amparo de la Ley 408.

No obstante, luego de dialogar entre sí, los familiares determinaron no solicitar el recurso que les provee la Ley de Salud Mental, en ese momento, y acordaron que madre e hijo y permanecerían en la residencia de una de las tías durante la noche del domingo al lunes, bajo supervisión familiar. La tía informó al DF, que ambos se encontraban tranquilos y en buen estado.

Como parte del seguimiento, el Departamento coordinó una visita al hogar para el lunes, mientras continuaba el monitoreo del caso y la evaluación de alternativas adicionales de apoyo. Como la posibilidad de gestionar servicios adicionales de salud mental, de entenderse necesario. La última comunicación documentada con la familia ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la tarde del domingo y la agresión al día siguiente.