La defensa del exsenador Antonio "Chuchin" Soto Díaz y su esposa Agnes Lopés Santiago no descartó hoy, miércoles, la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público para disponer de los cargos que encara la pareja.

Durante una vista sobre el estado de los procedimientos en el caso por evasión contributiva imputada al matrimonio, el licenciado Pablo Colón Santiago planteó la posibilidad de lograr una transacción, cuando culmine el descubrimiento de prueba.

En la audiencia ante el juez Harry Massanet Pastrana, del Tribunal de San Juan, Colón Santiago también explicó que el próximo 5 de diciembre se reunirá con los fiscales especiales independientes Emilio Arill García y Manuel Nuñez Corrada y el fiscal Carlos Romo Aledo, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.

En ese encuentro en la Oficina del Fiscal Especial Independiente las partes conversarán y los abogados defensores recibirán los documentos que solicitan como parte del descubrimiento de prueba.

Ante este escenario, el togado señaló otra vista para el 17 de diciembre a las 2:00 p.m.

El licenciado José Torres Nolasco representó a Lopés Santiago durante el primer señalamiento de juicio por los cargos relacionados al Código de Rentas Internas.

Cada uno enfrenta tres cargos de evasión contributiva. El polémico exsenador también encara tres violaciones a Ley de Ética Gubernamental.

El Ministerio Público imputa a la pareja no reportar un ingreso aproximado de $241,370 en sus planillas de los años 2009, 2010 y 2011 para evitar el pago de contribuciones.

Originalmente los fiscales imputaron a la pareja no reportar un ingreso aproximado de $481,000 en esas tres planillas, pero tras analizar la prueba y para encontrar causa para juicio, el juez Enrique Silva Avilés redujo la cifra de ingresos no reportados a casi la mitad.

Las tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, que enfrenta el exlegislador penepé, responden al supuesto incumplimiento o falsificación de información en los informes que sometió ante la Oficina de Ética Gubernamental en el 2009, 2010 y 2011, cuando se desempeñaba como senador.

En otro proceso separado, Soto Díaz encara 26 cargos por apropiación ilegal agravada de fondos públicos y por falsificación ideológica.

Estos cargos están relacionados al supuesto cobro ilegal de $2,106 en dietas legislativas, mientras el entonces senador se encontraba de viaje en la República Dominicana.

Los casos no se han consolidado, pero se atienden de forma conjunta. Comparten los mismos fiscales especiales independientes, pero tienen defensa diferente.

Durante una vista sobre el estado de los procedimientos, la licenciada Grisel Hernández Esteves informó que la jueza Gisela Alfonso Fernández declaró no ha lugar una moción de desestimación de cargos.

Indicó también que en ese caso se completó el descubrimiento de prueba.

Fuera de sala, el fiscal Arill García apuntó que no habían iniciado conversaciones con los abogados defensores.

"Una vez tengan la Regla 95, él (Colón Santiago) dice que van a iniciar unas conversaciones", apuntó.

Sobre las posibilidades para un acuerdo se mostró escéptico. “No creo”, comentó el fiscal.

Colón Santiago, mientras, se mantuvo en que existe la posibilidad de una transacción.

"Los diálogos nunca se descartan y mucho menos cuando Pablo Colón Santiago es el abogado, pero en este momento para poder estar preparados ya sea para continuar la litigación del caso o llegar a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público, que no se descarta, tenemos que tener toda la prueba", apuntó el abogado.

Señaló que un acuerdo contemplaría todos los cargos y que la licenciada Hernández Esteves estará presente en la reunión con los fiscales.

"Independientemente de los méritos que pueda tener nuestra defensa, que yo creo que tiene muchísimos, ellos están en disposición, ellos quieren salir de esto lo más pronto posible", agregó.

La pareja acusada no realizó comentarios a su salida del tribunal.