La muerte de Agustín Javier Peguero el año pasado a consecuencia de una herida de bala que la causó un oficial de la Policía Municipal de San Juan en medio de una intervención policiaca que todavía está bajo investigación, llegó al Tribunal Federal con una demanda que radicaron sus familiares solicitando una indemnización de $20 millones.

La demanda presentada por la viuda Glennis Gelarbert de Peguero, y las madres de los dos hijos menores de edad del occiso, María Confesora Rosario y Nancy Orfelina Álvarez, respectivamente, es por muerte por negligencia ("wrongful death") y arresto ilegal contra el capitán de la Policía Municipal, Ismael Rivera, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Guillermo Calixto Rodríguez, y la propia alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Incluye también John Doe’s del 1 al 100, refiriéndose a los demás agentes que estuvieron presentes la noche del suceso.

Según informes periodísticos de cuando ocurrieron los hechos el 8 de noviembre de 2013, Peguero se encontraba en la calle San Antonio, en Barrio Obrero en Santurce, frente a la Iglesia Pentecostal, para cobrar una alegada deuda. Según la versión policiaca, los agentes municipales acudieron al lugar tras recibir una llamada al sistema de emergencias del 9-1-1 porque supuestamente había una persona hostil en dicho lugar y armado de un bate.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, alegan que Peguero estaba rompiendo unas ventanas con un bate, y supuestamente brincó la verja y se abalanzó contra Rivera, quien le disparó en el pecho, disparo que posteriormente le causaría la muerte.

En febrero pasado, la alcaldesa informó que habían terminado el informe sobre la investigación del suceso y que lo remitieron a las autoridades pertinentes, dado a que el caso es investigado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia.

La familia del hombre de nacionalidad dominicana alega en la demanda presentada por el abogado Juan A. Albino González que fue tiroteado "sin causa legal o excusa", y que si es cierto que Peguero tenía un bate, la fuerza que usaron en su contra con un arma de fuego era "irrazonable".

"Al llegar, observaron que el difunto no estaba cometiendo ningún crimen. No se intentó detenerlo inmediatamente, o investigar, pero no había evidencia de que estuviese cometiendo un crimen. Rivera decidió desenfundar su arma de reglamento, apuntarla contra el difunto y sin explicación, dispararle en el pecho. Peguero bajó por la calle sangrando profusamente, y otros oficiales municipales, en vez de socorrerlo, lo pusieron contra el piso y lo esposaron", lee la acción legal en la que se refiere a Peguero en todo momento como "el difunto".

"El difunto no murió inmediatamente por la herida en el pecho, pero pasó un tiempo significativo acostado en la calle, esposado, sangrando, adolorido, sufriendo, agonizando y pidiendo ayuda, hasta que finalmente falleció", se agrega en la demanda, en la que se pide compensación por el "dolor físico y mental y el sufrimiento (de los familiares)”, además de los gastos médicos, fúnebres y de honorarios de abogado.

En cuanto a la versión que dio Rivera relacionada a que Peguero supuestamente estaba hostil y con un bate en sus manos, los familiares opinaron en la demanda que "Rivera entró en pánico por su falta de profesionalismo y entrenamiento en cuanto al uso apropiado de la fuerza".

La demanda está ante la consideración del juez federal Gustavo A. Gelpí, quien el 17 de julio de 2013 ratificó el acuerdo suscrito por el entonces secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, y el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, para poner en vigor la llamada Reforma de la Policía. Esto fue a raíz de una demanda presentada en diciembre de 2012 por parte de la agencia federal contra el gobierno estatal por la violación de derechos civiles por parte de la uniformada. Esto provocó que en junio pasado, se nombrara a Arnaldo Claudio como monitor a cargo de velar por el cumplimiento de la reforma.