Un grupo de madres, en representación de sus hijos menores de edad, demandaron al Departamento de Educación con una solicitud urgente de Mandamus para que abran los comedores escolares, cerrados desde el pasado 15 de marzo por la cuarentena del coronavirus.

En la demanda, presentada en el Tribunal de San Juan y que es un recurso especial que debe atenderse en menos de 48 horas, los padres solicitan que el Departamento de Educación cumpla “con su deber ministerial y reabrir inmediatamente los comedores escolares de Puerto Rico para proveer alimentos a la población mientras durela situación de emergencia provocada por el COVID-19”.

La demanda está encabezada por siete madres y las organizaciones del Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos, el Proyecto Matria Inc., Casa Juana Colón, Apoyo y Orientación a la Mujer Inc., la Organización Solidaria Humanitaria Inc. y Comedores Sociales de Puerto Rico Inc.

Además, solicitan que se garantice “a las personas que participen en la cadena de preparación y distribución de alimentos todas las medidas de protección y seguridad laboral contra el contagio, así como tomar todas las medidas necesarias, incluso en colaboración con otras agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la protección de la ciudadanía en el proceso de distribución de los alimentos” y “tener sensibilidad con las necesidades de salud particulares de las y los empleados de los comedores escolares en el proceso de apertura y garantizar la seguridad de todas las personas en el proceso”.

En la demanda se plantea que hay unos 259,000 estudiantes, por lo que las 350,000 libras donadas de alimentos para que sean repartidas por organizaciones sin fines de lucro representan que cada menor de edad apenas recibe poco más de una libra de comida del gobierno.

Entre los reclamos, se pide que se garantice que la niñez y sus familias tengan acceso a alimentación nutritiva y balanceada mientras dure la emergencia y la participación ciudadana en aquellas comunidades que voluntariamente lo soliciten.

En la alternativa, el recurso judicial se solicita que dicte un interdicto provisional y un injunction preliminar y permanente ordenando a Eduación a “cesar y desistir de su actitud respecto a la apertura de los comedores escolares y proceda a abrir los mismos cumpliendo con los mismos criterios y requerimientos esbozados en la petición de mandamus”.

Finalmente, se solicita que se imponga a la parte demandada el pago de las costas y gastos incurridos por la parte peticionaria en el presente litigio, así como le imponga el pago de honorarios de abogado por temeridad en una suma no menor de $10,000.00.

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