La supuesta inacción patronal en un caso de acoso laboral o “mobbing”, conducta que fue el detonante en el asesinato de una mucama del hotel Wyndham Rio Mar Beach Resort and Spa, en Río Grande, pudiera tener una cuantiosa repercusión para la hospedería luego que el viudo de la difunta demandara  por $3.2 millones a la empresa  por “daños  y perjuicios”.

El millonario reclamo lo hizo  Carlos Alberto Benítez Cruz, -quien actualmente reside en Texas, EE.UU.- en representación de los dos hijos menores de edad que tuvo el hombre con la empleada doméstica que resultó muerta en la trifulca, Elia Enid Arizmendi Cantero.

En la demanda civil -representada por el bufete de los abogados Mayra López Mulero y Luis A. Carrión Tavárez-  figura también como codemandada Lissette Cotto Casanova, quien se declaró culpable del trágico suceso ocurrido el 23 de marzo de 2012. La mujer fue sentenciada a cumplir ocho años en probatoria.

Durante la investigación del caso criminal y el juicio contra Cotto Casanova, salió a relucir que el desenlace fatal de esta historia fue la secuela de un alegado patrón de humillaciones públicas, tácticas de intimidación y abuso protagonizado por la difunta.

 De hecho, esta situación fue sustentada a Primera Hora por el testimonio de un puñado de trabajadores domésticos del hotel que reclamaban la “inocencia” de Cotto Casanova pues alegan que el comportamiento de la homicida fue una reacción ante el ciclo de agresiones psicológicas a los que la víctima la sometía constantemente. También aseguraron que los supervisores tenían conocimiento y no actuaron correctamente ante  el patrón de maltrato, el cual incluía comentarios racistas y discriminatorios.

Pero, irónicamente, la demanda presentada por los familiares de Arizmendi Cantero tienen otra versión de los hechos, aunque sí responsabilizan a la hospedería de “negligencia” al no tomar acción ante las denuncias de acoso laboral supuestamente presentadas por la empleada. 

En el documento legal  de 10 páginas se detalla que Arizmendi Cantero- quien laboró para el área de “housekeeping” por seis años-  le había solicitado a sus supervisores en el 2009 que le asignaran otros pisos de limpieza distintos a los que trabajaba Cotto Casanova pues entre ambas había una relación “conflictiva” y “no había buen compañerismo”.

 Ante la supuesta denuncia, la gerencia determinó desplazar a ambas mujeres en diferentes áreas de trabajo. 

Sin embargo,  según el documento, el panorama cambió luego que Arizmendi Cantero se reinstalara en sus labores  en el hotel para marzo de 2011 y  tras varios meses de ausencia por un caso que levantó  a través de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. El reclamo en el Fondo, según se explica en la demanda,  fue el desenlace de la supuesta “inacción”  que tuvo su patrono para atender una querella  de hostigamiento sexual que la misma había presentado en contra de otra mujer (cuyo nombre no fue identificado) que rendía servicios al hotel como contratista independiente.

  Así las cosas, el día del lamentable incidente Arizmendi Cantero fue enviada a trabajar por su supervisor al mismo piso en el que estaba asignada Cotto Casanova, aun cuando este tenía conocimiento que había una relación laboral conflictiva entre ambas.

En la demanda se alega que al conocer el plan de su supervisor, Arizmendi Cantero “intentó evitar que la enviaran a realizar labores en dicha sección” pero “su reclamo no fue escuchado”, teniendo como consecuencia que la empleada fuera asesinada por su compañera de trabajo en medio de una pelea a golpes.

 “Esta situación se pudo haber evitado, si los supervisores del Departamento de ‘Housekeeping’ del hotel hubieran tomado las debidas medidas preventivas evitando poner a trabajar juntas a estas empleadas, cuya relación adversativa era de conocimiento general por los supervisores y empleados del departamento”,  se expresa en el documento legal en el que se acusa a la hospedería de “acción culposa y negligente”.

En la demanda se reclama una indemnización de $3.2 millones por los “daños” que han tenido  el viudo de Arizmendi Cantero y sus dos hijos.

La suma de dinero se desglosa en los siguientes términos: $1,000,000 por los daños causados a Arizmendi Cantero, los cuales serán transmitidos a su esposo e hijos; $450,000 por daños calculados por los ingresos de empleo que  Arizmendi Cantero dejó de percibir en una vida productiva de alrededor de 25 años; $750,000 por las angustias emocionales que han sufrido y continuarán sufriendo los demandantes (su esposo)  ante los actos ilegales de los codemandados; y $500,000 para cada uno de los hijos menores de la difunta.

Primera Hora solicitó una reacción a la gerencia del hotel, pero una empleada del área de Recursos Humanos, identificada como Fabiola, indicó que “no vamos a proveer ningún tipo de información”.

Mobbing: urge actuar

Una de las personas que ha estudiado el fenómeno del “mobbing” o acoso laboral en Puerto Rico durante los últimos 20 años es la psicóloga clínica Jackeline Rosado, quien opina que urge que se originen leyes y una política pública para ir contra los que asumen este peligroso comportamiento.

En entrevista previa con este diario, la especialista describió como “alarmante” el escenario que viven muchas víctimas de acoso en la Isla.

 De hecho, destacó que un estudio realizado localmente determinó que el “mobbing” más utilizado en la Isla es el que se da de jefes que, en colaboración con otros empleados, atacan a subordinados. Dijo, además, que el 53% de los casos de acoso psicológico se manifiesta en empleados públicos.

“Se ve todo tipo de casos, y casi todos comienzan con actos bobos, como criticar al otro (por) su vestimenta. Es que lo que reina en casi todos estos casos es la envidia hacia alguien, y puede comenzar simplemente porque al acosador le cae mal el otro por su ideología política, su religión o hasta preparación académica”, dijo.

Según la experta,  el 93% de las personas acosadas sufre   depresión.