Un empleado del municipio de Yauco ofreció un contundente testimonio en contra del senador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario Quiñones, al cierre del primer día de juicio en su contra por cargos de fraude y mentir al gobierno federal, y fraude electrónico.

Según los cargos presentados por la fiscalía federal, se alega que Nazario, cuando era alcalde de Yauco, mintió a sabiendas al Departamento de Trabajo federal e incumplió con un acuerdo al que habían llegado con el municipio para que le pagara a 177 empleados por horas trabajadas como “voluntarias” entre mediados de 2012 y mediados de 2014, que no se les habían remunerado, en violación a las leyes laborales vigentes.

Alberto Caraballo Martínez, un chofer del municipio fue categórico en su testimonio, indicando que se le había pedido trabajar por más horas de las que se le pagaría, no se le orientó sobre el acuerdo con el Departamento de Trabajo federal sobre la compensación por esas horas voluntarias a pesar que el acuerdo exigía que se hiciera, se le mintió cuando se le pagó el cheque por esas horas no pagadas, no firmó la hoja de nómina en tres pagos luego de recibir el cheque porque nunca se le hicieron esos pagos, y no había visto nunca un documento que tenía su firma y que se supone hubiera visto, se le hubiera explicado y hubiera firmado luego de recibir el cheque por las horas voluntarias.

Todo lo anterior dejó a Nazario contra las cuerdas en el primer día del juicio en su contra, si bien su defensa logró a apuntarse también algún que otro momento relevante.

Al ser confrontado con la copia del cheque por las horas voluntarias emitido a su favor, Caraballo indicó, con voz fuerte y sin vacilar como hizo durante todo su testimonio, que reconocía el mismo.

“Me lo dio Abel Nazario Quiñones en el salón auxiliar de la alcaldía. Me indicó que era para una propuesta especial”, sostuvo, añadiendo que el entonces alcalde no abundó sobre qué era la propuesta especial.

El testigo fue enfático en que cuando recibió el cheque por $1,139.15 el 15 de abril de 2015 nadie le informó que era resultado de un acuerdo con el Departamento del Trabajo federal y que correspondía a las horas voluntarias no pagadas entre 2012 y 2014.

Asimismo, fue igual de categórico cuando a fiscalía, representada por los fiscales Scott Anderson y Miriam Fernández, le presentó el documento WH-58 que es el que, según el acuerdo con el DT federal, debía firmar tanto el empleado como el municipio cuando se le entregara el cheque por las horas no pagadas.

“No lo reconozco. Aparentemente es mi firma. Pero nunca me dieron ese documento cuando firmé el cheque. No lo reconozco. No lo he leído, nadie me lo ha leído. Ni sé de qué se trata”, afirmó.

Caraballo declaró además que, si bien recibió dos pagos regulares luego del cheque por el acuerdo, luego dejó de recibir compensación en por lo menos “dos o tres quincenas”, a pesar que estaba laborando.

“No me pagaron”, insistió.

“¿Trabajó usted horas por las que debían pagarle en ese periodo?”, preguntó el fiscal.

“¡Definitivamente!”, reiteró el testigo.

Agregó que no preguntó por qué no le pagaban “porque Abel Nazario Quiñones me indicó que no me pagarían por tres quincenas”.

La fiscalía presentó además evidencia que Caraballo estaba bajo contrato con el municipio para el periodo en cuestión, que estaba su firma en las hojas de asistencia, y que no aparecía su firma junto a la de otros empleados en la hoja de recibo de pagos regulares para las quincenas del 31 de mayo, 15 de abril y 15 de mayo del 2015. En dos de las quincenas, los cheques emitidos a su nombre fueron luego cancelados, y en la otra aparecía bajo la categoría de nómina especial.

En su turno la defensa de Nazario, conformada por los abogados María Domínguez, Edgar Vega, Javier Micheo y Carlos Andrew, intentó contrarrestar el testimonio de Caraballo, aunque sin mucho éxito.

De hecho, a preguntas de Vega, la cosas parecieron ir incluso peor, pues cuando le cuestionaron a Caraballo por qué parecía estar su firma en el documento WH-58, el testigo insistió en que “no recuerdo haberlo firmado, alguien lo firmó por mí”.

“¿Y cuantas horas debía trabajar usted, según le indicó Abel Nazario Quiñones?”, le preguntó el abogado Vega.

“30 horas para cobrar 20 a la semana”, respondió Caraballo.

Antes en la jornada, declararon dos empleados de la oficina regional de la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo, la entonces investigadora Wanda López y el supervisor de López, José Vázquez. Ambos testificaron sobre el proceso que llevó a la investigación del referido que hizo la Oficina de la Contralora al Departamento del Trabajo, relacionado al asunto de las horas voluntarias que no se habían pagado.

Explicaron que se determinó que esa acción era contraria a las leyes laborales, y que tenían que pagar a los empleados. Antes las dificultades económicas que tenía el municipio, se acordó un plan de pago a cumplirse en 36 meses, con los pagos mensuales cada día 15, entre marzo de 2015 y febrero de 2018, con un interés de 1%.

La defensa cuestionó si se había notificado a cada empleado sobre el acuerdo y los términos del mismo y el plan de pago. López afirmó que eso no le corresponde al Departamento del Trabajo, sino al empleador.

Posteriormente, en el interrogatorio a Vázquez, se mostró el documento del acuerdo, y la cláusula que indica que el empleador, en este caso el municipio de Yauco, debía informar en 30 días a todos los empleados sobre el acuerdo y sus detalles, en inglés y español.

La defensa además tuvo una línea de preguntas que buscaba mostrar que el entonces alcalde de Yauco se mostró colaborativo con los investigadores federales cuando acudieron al municipio en busca de información. López admitió que hubo colaboración, pero indicó que no le proveyeron todos los documentos que solicitó.

También declaró el auditor senior Virgilio Pabón Pagán, de la Oficina de la Contralora, quien explicó el proceso que lo llevó a investigar el municipio en 2016 como parte de sus labores.

Detalló que mientras hacía su trabajo recibió una llamada anónima, alertando que se estaban haciendo algunos pagos de las horas voluntarias no pagadas a ciertos empleados, y se les estaba diciendo que eran pagos de nómina adelantada.

“Eso me llamó la atención, porque el gobierno nunca paga por adelantado”, sostuvo Pabón.

Declaró que entonces comenzó a investigar más a fondo. Solicitó nóminas y documentos relacionados a los pagos de horas voluntarias según el acuerdo que existía. Revisó una muestra, primero de seis empleados y luego de otros 46, y notó irregularidades.

Agregó que una empleada en particular del primer grupo de seis, una trabajadora no vidente del cuadro telefónico del municipio, proveyó documentos con detalles de pagos, que no se correspondían a lo que reflejaba la nómina.

El documento de nómina, mostrado en sala como evidencia, mostraba un pago regular el 13 de marzo de 2015, un pago anómalo el 15 de abril de 2015 que dijo sospechaba era de las horas voluntarias no pagadas, y el siguiente pago era uno regular el 3 de junio de 2015.

Pabón explicó además, que luego de detectar más anomalías en los pagos, pidió una consulta con la división legal, y la división determinó referir el asunto al DT federal.

La defensa, mientras, intentó establecer que el alcalde había sido cooperador mientras Pabón realizó sus trabajos en Yauco.

Asimismo, le cuestionó a Pabón si había verificado que cada uno de esos empleados que entrevistó en efecto estaba bajo contrato con el municipio. El testigo respondió que no vio los contratos, pero sí verificó hojas de asistencia y otros documentos.

“Y según sus procedimientos, ¿si no hay contrato, se le debe pagar a la persona?”, cuestionó la defensa.

“Sí. Si hay evidencia de que fue y dio el servicio, el gobierno debe pagar. Y así se hace”, contestó el auditor.

También declaró la agente investigadora principal del caso Frances Ajenjo Colón, de la oficina del inspector general del DT federal, quien explicó el proceso de recopilación de evidencia en torno a los pagos a 97 empleados, si bien luego se determinó que fueron 30 los empleados afectados por falta de pagos.

Afirmó que en su investigación no recibió todos los documentos que solicitó al municipio de Yauco, y que en ocasiones le respondían que no tenían los documentos o que se habían perdido.

Durante el testimonio de la agente la fiscalía mostró extensa evidencia de los pagos, hojas de nóminas y cheques cancelados para sustentar su teoría.

Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la abogada Domínguez logró quizás el mejor momento de la defensa, pues luego de comenzar una línea de preguntas sobre las diferentes formas de contratos a empleados, incluyendo el concepto de empleado irregular, según lo permite la Ley de Municipios Autónomos, llevó a la investigadora a admitir que si bien los informes de nómina mostraban unos saltos, no decían si el empleado estaba o no en realidad trabajando en ese momento.

“¿Usted asumió que estaban trabajando?”, le preguntó a la agente, que respondió de manera afirmativa.

También declaró un empleado del municipio, Aramis Burgos Caraballo, aunque durante la mayor parte de su testimonio no recordaba casi nada.

Sí indicó a preguntas de la fiscalía que, luego que le entregaran su cheque por el acuerdo con el DT federal, lo transfirieron a otra área de trabajo, en el cementerio, donde laboró algunos meses sin recibir paga.

Sin embargo, en el contrainterrogatorio, a preguntas de la abogada Domínguez, Burgos indicó que Nazario cumplió con la promesa que le hizo de darle permanencia luego de entregarle el cheque por el acuerdo, y además recibió “un modesto aumento de sueldo”. Asimismo, dijo que consideraba que no creía que al día de hoy el municipio de Yauco le debiera dinero por horas trabajadas.

Nazario, por su parte, estuvo atento a todo el proceso, auxiliado por el equipo de traducción del inglés al español.