Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) diligenciaron 30 órdenes de arresto esta mañana contra miembros de la ganga violenta Los Elite que presuntamente distribuían drogas y armas en San Juan, Trujillo Alto, Aibonito y Loíza, anunció hoy el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

Hasta esta mañana, ya se habían detenido a unas 20 personas. Estos diligenciamientos desarticularán la ganga completa, aseguó el portavoz de la agencia, Tony Velázquez a Primera Hora.

“Al arrestar y procesar a estos acusados, la fiscalía federal y sus socios encargados de hacer cumplir la ley están trabajando para defender el estado de derecho y llevar ante la justicia a los delincuentes violentos que aterrorizan a nuestras comunidades”, subrayó Muldrow en declaraciones escritas.

Además de los agentes de la DEA, La investigación y diligenciamiento se llevó a cabo por agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y la Fuerza de Choque, así como de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), el Servicio Postal de Estados Unidos (USPIS, en inglés), Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

“Juntos, con determinación inquebrantable y colaboración firme, desmantelaremos estas organizaciones de narcotráfico que amenazan a nuestras comunidades y empañan el tejido de nuestra sociedad. Nuestro compromiso con la justicia no conoce límites y perseguiremos implacablemente a los responsables de perpetuar la violencia y la adicción. Estamos unidos y decididos en nuestra misión de salvaguardar la seguridad y el bienestar de todos”, aseguró la agente especial a cargo de la DEA, Denise Foster.

¿Qué hacían Los Elite?

Un gran jurado federal emitió la acusación formal el pasado 8 de mayo. Según el pliego acusatorio, la organización criminal aparentemente distribuía heroína, “crack”, cocaína, marihuana, fentanilo, Tramadol y Clonazepam cerca de los residenciales Jardines de Sellés, Quintana y Trébol en San Juan, Nuestra Señora de Covadonga en Trujillo Alto y Liborio Ortiz en Aibonito, entre otros lugares “todo para obtener ganancias y ganancias financieras significativas” desde el 2012 hasta la fecha de la acusación.

La acusación establece que la meta de Los Elite era “controlar toda la actividad de tráfico de drogas en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Aibonito y Loíza y áreas cercanas mediante la fuerza, amenazas, violencia e intimidación” para mantenerse con el poder y proteger su territorio.

Los miembros de la organización criminal se lucraban de la venta de sustancias ilícitas y la transportaban y distribuían en los Estados Unidos. También, traían fentanilo y marihuana de la nación americana a la Isla.

Mientras cometían sus crímenes, utilizaban armas de fuego y participaron en varios tiroteos. En ocasiones, los acusados y coconspiradores vestían chalecos antibalas para protegerse durante la comisión de sus delitos.

Asimismo, modificaban sus armas para convertirlas en automáticas. En ocasiones, se enviaban partes de armas o armas completas desde los Estados Unidos a miembros de la ganga en Puerto Rico.

Los acusados tenían distintos roles dentro de la organización, como líderes, suplidores, dueños de puntos, ejecutores, corredores, vendedores, vigías y facilitadores.

Para comunicarse y discutir temas como la venta de drogas y envío de armas, utilizaban celulares y aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, y redes sociales, como Instagram. Era por las redes sociales que promocionaban sus narcóticos, armas de fuego, dinero y organización, así como a ellos mismos.

Estos son los acusados

Los 30 acusados son:

  • Pedro A. Rosado-Garay, alias “Finito/Fino/Fi”
  • Josué Benito Sánchez-González, alias “Bore”
  • Juan Daniel Sierra-Jiménez, alias “Wiwi/Doble U”
  • Sergio Luis Rivera-Álvarez, alias “Zurdo”
  • Víctor Alfonso Rosario-Clemente, alias “Calvo/Tato”
  • José Domingo Irizarry-Serrano
  • Héctor Manuel Miranda-Rivera, alias “Do/Tito”
  • David Antonio Tejada-Rosado, alias “Mudito/Mudo”
  • Edwin Gabriel Vázquez-Colón, alias “Cuco”
  • Rey Ivan Freytes, alias “Pana Mío”
  • Francisco Miguel Duluc-Méndez, alias “Franco/Frankini”
  • Rufino Hernández-Pizarro, alias “Gallero”
  • Eduardo Berríos-Sepúlveda, alias “Kiko/Chavo del 8″
  • Orville Báez-Maldonado, alias “Perry”
  • Joffren Odete Santos-Rivera
  • Yan Omar López-Machuca, alias “Bebo/John Zeta”
  • Luis Ángel Rivera-Díaz, alias “Bebillo”
  • Xavier Omar Maldonado-Negroni, alias “Maña”
  • Michael Rivera-Cariño, alias “Movie”
  • Héctor Alberto Sarriera-Marín, alias “Albert/Culón/Kardashian”
  • Melvin Martínez-Vélez, alias “Tío”
  • Raúl O. Matos-De Jesús, alias “Pechu”
  • Yomar Gabriel Rivera-Hernández, alias “Yomar Gabriel Hernández/El Ninja”
  • Ernesto Caraballo-Brooks, alias “Mullo”
  • José Omar Aguayo-Delgado
  • Sem Monge-Parrilla, alias “Jordan/23″
  • Luis Alexis Guerrero-López, alias “Trunky”
  • Jesús Antonio Carrión-Narváez, alias “Tomate/Motora”
  • Marcelino Delgado-Rodríguez, alias “Marcelo”
  • Emilio Rodríguez-Guzmán, alias “Barba/A”

Todos los acusados enfrentan una acusación de decomiso de narcóticos por $67,191,390 que representan las ganancias generadas por sus actividades de tráfico ilegal de drogas. Mientras, 20 enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego en cumplimiento de un delito de tráfico de drogas y cinco enfrentan un cargo de posesión de una ametralladora en cumplimiento de un delito de tráfico de drogas.

El fiscal federal auxiliar (AUSA, en inglés) y jefe de la sección de pandillas, Alberto López-Rocafort; la subjefa de la sección de pandillas, AUSA Teresa Zapata Valladares; y AUSA Joseph Russell procesan el caso

De ser hallados culpables por los cargos de narcóticos, los acusados enfrentarían una sentencia mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua. Si son declarados culpables de los cargos de tráfico de drogas y armas de fuego, los acusados enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 15 años y hasta cadena perpetua.

Los acusados de posesión de ametralladoras para promover el tráfico de drogas se enfrentan a una sentencia obligatoria de 30 años de prisión que deben cumplir consecutivamente a cualquier sentencia adicional impuesta por los cargos de tráfico de drogas.

Este procesamiento es parte de una investigación del Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, en inglés) que identifica, desarticula y desmantela a los narcotraficantes, blanqueadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante el uso de un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales, impulsado por inteligencia y que aprovecha las fortalezas de las autoridades federales, agencias policiales estatales y locales contra las redes criminales.

“El Departamento de Justicia está comprometido a desmantelar las organizaciones criminales violentas, responsabilizar a los pandilleros y buscar justicia para las víctimas”, dijo Muldrow.